Un doble debate político y Constitucional bloquea la salida a la crisis de gobierno

La gestión de la Comunidad de Madrid se encuentra semiparalizada desde antes del verano por la fracasada moción de censura del centroderecha y la persistencia de la división del Parlamento regional en dos grandes bloques enfrentados y equiparables en número de escaños. La solución a esta crisis, según reconocen todas las fuerzas en conflicto, pasa por la convocatoria. de elecciones anticipadas. La falta de acuerdo sobre el procedimiento a seguir, que no está contemplado en el estatuto de autonomía, no sólo impide desbloquear la situación, sino que ha propiciado un serio enfrentamiento sobre una cuestión tan delicada como el respeto o no a la Constitución de los mecanismos propuestos.

El 1 de septiembre, el mismo día en que el presidente del Gobierno, Felipe González, anunciaba la convocatoria de elecciones legislativas, Joaquín Leguina dio a conocer su proyecto para desbloquear la situación política que ahoga, en un emparejamiento a 48 votos de las formaciones de izquierda y centro-derecha, a la Comunidad de Madrid: disolver la Asamblea y convocar comicios autonómicos anticipados.Leguina pretende soslayar la crisis mediante la tramitación de un proyecto de ley en la Asamblea. Los deseos del presidente socialista se estrellaron primero contra un dictamen de los letrados de la Cámara solicitado por la presidenta del legislativo, la centrista Rosa Posada. Según este informe, el presidente del Ejecutivo sólo podría adelantar las elecciones mediante una reforma del estatuto de autonomía tramitada con el respaldo de dos tercios de los votos de la Asamblea y con el posterior refrendo de las Cortes en una ley orgánica.

Alberto Ruiz Gallardón, el presidenciable del Partido Popular para Madrid y abogado en ejercicio, no tardó en acusar a Leguina de pretender vulnerar la Constitución con su iniciativa, al tiempo que advertía del riesgo que puede suponer para el actual sistema de autonomías la modificación del estatuto madrileño por una simple ley ordinaria. Sus aliados del CDS sostienen iguales argumentos.

El catedrático de Derecho Administrativo de la universidad de Alcalá de Henares Santiago Muñoz Machado, autor del informe en el que se apoyó el Gobierno regional para presentar el proyecto de ley de disolución de la Asamblea, ha rebatido el dictamen negativo de los letrados de la Cámara. A su juicio, el sistema constitucional español "remite al cuerpo electoral la solución de los conflictos que sus representantes se hayan mostrado incapaces de resolver".

Jurisprudencia constitucional

Muñoz Machado, especialista en legislación de las comunidades autónomas, sostiene la viabilidad jurídica del proyecto de Leguina y, aunque se trate de una cuestión opinable", considera que la jurisprudencia constitucional avala la posibilidad de que una ley de la Asamblea cubra las lagunas del estatuto.El catedrático afirma que el alto tribunal se pronunció, en su sentencia de 28 de septiembre de 1984, a favor de que leyes ordinarias de los legislativos autóno mos puedancomplementar lo establecido en los estatutos en cuestiones no reguladas por éstos. El Tribunal Constitucional, al resolver sobre la cuestión de la sede de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas -que, según la Constitución, hay que precisar en los estatutos-, señala que no debe efectuarse "reserva estatutaria absoluta frente a la ley de la comunidad autónoma en lo que se refiere a la organización de las instituciones autonómicas propias".

Los pactos autonómicos suscritos el 31 de julio de 1981 por el PSOE y el Gobierno central, entonces de la Unión de Centro Democrático (UCD), excluyeron la disolución de los Parlamentos regionales por parte de los Ejecutivos autónomos. Sin embargo, Muñoz Machado -que fue uno de los siete expertos en derecho público que elaboraron el dictamen que desaconsejaba la fórmula de la disolución anticipada- subraya que los pactos sólo tienen significado político y no valor de ley.

El profesor Muñoz Machado concluye que una ley autonómica puede complementar el estatuto y facultar al presidente regional para disolver la Asamblea "sin que quepan dudas sobre su constitucionalidad". El catedrático dice que ésta es "la opinión común en la comunidad jurídica", al margen de los debates políticos.