Varios abogados, acusados de parar un sumario por venta de libertades

Abogados defensores de los siete procesados en el sumario 118 bis/ 1982 por venta de libertades a presos están retrasando la conclusión de la causa, según la información que está recibiendo de la Audiencia Provincial de Madrid el Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes jurídicas explican que el objetivo de estos abogados consiste en conseguir la prescripción del delito. Asimismo, dichas fuentes han subrayado la ausencia de una investigación real sobre el caso al existir necesariamente alguna responsabilidad de los fiscales y jueces de Algeciras y Cádiz que permitieron la salida de esos presos de octubre a noviembre de 1981.

Los siete procesados por estafa y cohecho contra nueve personas -entre ellos dos guardias civiles, dos abogados y un funcionario de justicia- utilizaban cartas de recomendación del juez Ricardo Varón Cobos y del entonces fiscal del Tribunal Supremo Eugenio Herrera para mediar ante los magistrados de Cádiz y Algeciras y conseguir finalmente la libertad de los presos. Este juez y el fiscal no han sido procesados.

Desde el 5 de abril de 1983 en que fue decretado el procesamiento y la libertad provisional bajo fianza de los siete implicados, el sumario se encuentra paralizado y no se han abierto líneas de investigación para esclarecer la responsabilidad de los jueces y fiscales de Cádiz y Algeciras.

La paralización de esta causa ha podido ser detectada en los primeros datos que la Audiencia Provincial de Madrid ha enviado al Consejo General del Poder Judicial, que investiga el caso. El servicio de inspección del Poder Judicial ha constatado que este sumario se encuentra en el de "calificación de la quinta defensa". Significativamente, según la información transmitida al Poder Judicial, "el 20 de abril de 1989 se dio traslado a esta quinta defensa, a la que se recordó la devolución de la causa el 23 de junio, el 5 de octubre y el 30 de octubre En el mismo día de ayer [el 1 de noviembre, un día después de la publicación del caso en este periódico] devolvió la causa sin calificar".

Sin investigación

Fuentes jurídicas conocedoras del caso han subrayado la ausencia de una investigación real y la consiguiente responsabilidad de los encargado de esas investigaciones. Asimismo añaden que el sumario se ha paralizado conscientemente con recursos y alargando indefinidamente los plazo para calificar con el fin de intentar que la causa prescriba.Los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en 1981 el sumario comenzó a instruirse en 1982 por un juzgado de Madrid y el 5 de abril de 1983 la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto de procesamiento por estafa y cohecho.