Paralizado desde 1983 un sumario que implica a jueces, abogados, guardias civiles y un funcionario de Justicia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid guarda paralizado y sin investigar desde 1983 un sumario en el que están procesados y en libertad provisional bajo fianza guardias civiles, abogados y un funcionario de la Administración de justicia por vender libertades a presos, según fuentes jurídicas. Al menos un juez y un fiscal que facilitaban cartas de recomendación para mediar en esas libertades están supuestamente involucrados en este caso, según el sumario, aunque no han sido procesados ni investigadas sus responsabilidades.

Abogados relacionados con este caso aseguran que el sumario 118 / 1982 está absolutamente paralizado por las graves implicaciones de los encartados y las responsabilidades que se derivarían de una verdadera investigación. Asimismo, añaden que el sumario se ha paralizado conscientemente con recursos y sin investigar nada después del auto de procesamiento fechado el 5 de abril de 1983.El funcionario de la Audiencia Provincial encargado de esta causa dice que el caso va muy lento al participar muchos abogados y estar pendiente de la calificación de los primeros letrados. Este funcionario añade que "aún queda mucho tiempo incluso para fijar la fecha del juicio".

Los hechos supuestamente delictivos ocurrieron en 1981, el sumario comenzó a instruirse en 1982 por un juzgado de Madrid y el 5 de abril de 1983 la Audiencia Provincial dictaba un auto de procesamiento por estafa y cohecho contra nueve personas. Se trata de los guardias civiles José Luis Cervero Carrillo -ahora separado del cuerpo por otros motivos- y Ramón Rosales Mármol; los abogados Ramón Luis Esteban Barbero y José Ignacio González Serrano; el funcionario de la Audiencia. Nacional Andrés Mañas Ruiz; el socio de este último Manuel Navarro Pérez, y también Felipe Barbarroja Lozano, Trinidad Jiménez Ballesteros y Gloria Carballo Cayado.

Jueces sin investigar

Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso este periódico, los supuestos delincuentes utilizaban para conseguir las libertades unas cartas de recomendación de un magistrado de la Audiencia Nacional y de un fiscal del Tribunal Supremo llamado Eugenio. Según informan fuentes relacionadas con el caso, se trataba del magistrado Ricardo Varón Cobos, implicado en la puesta en libertad del mafioso italiano Antonio Bardellino, y del fiscal Eugenio López López, ya jubilado. No obstante, según dichas fuentes, debe existir responsabilidad de otros jueces que directamente decretaban la libertad de los presos.Los presuntos implicados vendían las libertades a presos encarcelados por tráfico de estupefacientes que generalmente disponían de solvencia económica para pagar altas cantidades de dinero por esos fávores.

El auto de procesamiento explica que a mediados del mes de octubre de 1981 "José Luis Cervero Carrillo, sargento de la Guardia Civil con destino en la Unidad de Adiestramiento Especial sita en San Lorenzo de El Escorial; Ramón Luis Esteban Barbero, abogado con despacho abierto en esta capital, y Felipe Barbarroja Lozano, de dicho despacho, conociendo la solvencia de determinados presos, generalmente por tráfico de estupefacientes, de común acuerdo se propusieron obtener el máximo beneficio de la legítima aspiración de los encartados a conseguir su libertad, a los que se les hacía valer sus relaciones e influencias para procurarla, recabándoseles al efecto elevadas sumas como contraprestación y para saldar los gastos que ello entrañaba".

El grupo cobró al menos-16 millones de pesetas. El texto explica que "del preso o esposa de Nicolás Fajardo Román, que al fin consigue la libertad, obtuvieron cuatro millones de pesetas; del preso o esposa de Francisco Muñoz percibieron dos millones de pesetas que ante las presiones de los familiares por no conseguir la libertad al cabo del tiempo se ven obligados a devolver".

"De un ciudadano gibraltareño sin identificar", continúa, preso como los anteriores en Algeciras y Cádiz, cobran dos millones de pesetas; de Francisco Caracuel reciben tres millones de pesetas; del súbdito holandés Jacob Shogan Roseau, tres millones de pesetas que al no conseguir su libertad se devuelven por orden de Cervero; del norteamericano Parri Irwing dos millones de pesetas, hechos todos estos que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 1981 ".

Los tres principales encartados, según consta en el auto, "se auxiliaron en las gestiones de captación, transportes, visitas a autoridades y funcionarios y percepción de las cantidades aludidas" del resto de los procesados.

Los magistrados que firmaron el auto -Jesús Rubio Serrano, Faustino Mollinedo y, Joaquín Vesteiro- consideran que los hechos son indiciariamente constitutivos de los delitos de estafa y cohecho, por lo que fueron procesados y puestos posteriormente en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas.