El déficit público de Brasil se acerca al 10% de su producto interior bruto

Pocos días antes de las primeras elecciones presidenciales directas en los últimos 29 años, Brasil vive una tensa y peligrosa situación económica. Con la inflación del 35% el pasado mes, se llegó al borde de la explosión, y hasta ahora los electores no parecen confiar en ninguna de las recetas para combatir la crisis presentadas por los 22 candidatos.

La agobiante preocupación por la inflación y la deuda interna del Gobierno suplantó el debate sobre la deuda externa. Para evitar lo que ocurrió en Argentina, es decir, el éxodo hacia el oro y el dólar, el Gobierno brasileño emite papeles con tasas de remuneración astronómicas.Se calcula que la deuda inmobiliaria interna ya llega a los 80.000 millones de dólares, mientras la externa está en los 108 millones de dólares. El temor a las consecuencias de una probable, moratoria sobre el pago de la deuda interna es tan grande que ni siquiera los candidatos; con discursos económicos "más radicales" hablan de ese asunto.

Igualmente los candidatos que se presentan como de izquierda reconocen, por otro lado, que una de las principales causas de la inflación brasileña es el monstruoso déficit público, que hoy se estima entre el 6% y el 10% del producto nacional. El Estado brasileño financia no sólo inversiones en todos los ramos de la economía, sino que también sostiene una magnífica casta de funcionarios públicos en más de 500 empresas estatales, en un total de unos tres millones de personas.

Es gente que gana 20 veces más que el promedio de sueldos nacionales y tiene 50 veces mejor asistencia y seguridad social. "Las empresas estatales brasileñas son empresas suecas, con seguridad social sueca, en un país de Tercer Mundo", dijo el diputado Delfin Neto, que se hizo famoso en todo el mundo en la década de los setenta, como uno de los artífices del llamado milagro económico brasileño, el período en el cual se crearon tantas empresas estatales.

Daida la capacidad de articulación política de los empleados de las empresas estatales y el corporativismo de gran parte de la sociedad brasileña, gobernar contra los intereses de gigantescas empresas como el Banco do Brasil o la Petrogas es imposible. Pero el Gobierno del débil presidente José Sarney hizo la situación todavía menos tolerable: por el hecho de que no consigue controlar los altísimos sueldos de sus empleados, pero obliga a algunas de esas empresas estatales a operar con tarifas muy bajas y reales. El resultado es el constante endeudamiento público financiado por los que pagan impuestos en Brasil.

Este tipo de situación no es nuevo en ninguno de los grandes países latinoamericanos. Pero en contraste con México o Argentina, que realizaron sus últimas elecciones presidenciales discutiendo planes duros de combate a la crisis, ninguno de los candidatos brasileños parece dispuesto a pedir sudor y lágrimas a sus potenciales electores.