Takako Doi pierde en el 'pachinko'

Últimamente los días no son muy felices para Takakio Doi. La popularidad de la líder socialista japonesa declina y se hace más remota su aspiración de ser jefa del Gobierno tras las elecciones, previstas para antes de julio próximo. Por el contrario, Toshiki Kaifu, actual primer ministro y al que los liberales reelegirán por dos años presidente del partido en el poder, en un congreso la semana que viene gana cada día mayores simpatías. Una encuesta reciente asegura que las fuerzas de oposición no comunista juntas no podrán derrotar a los liberales en los próximos comicios parlamentarios.

Doi acaba de recuperarse de una lesión de muñeca que se produjo por una caída en el despacho, pero su salud política empeora día a día por culpa del pequeño escándalo sobre las donaciones políticas del pachinko y de las presuntas conexiones ilegales de su partido con miembros de la comunidad norcoreana que controla gran parte de la industria del juego más popular de Japón.En realidad, del pachinko se han beneficiado todos los grupos políticos, a excepción del comunista. La industria destiné más de 100 millones de yenes (unos 85 millones de pesetas) para financiar las actividades de por lo menos un centenar de parlamentarios, lo que en principio no viola la ley, siempre y cuando no se descubra que el dinero pueda esconder motivos de interés. Doi recibió más de la mitad de los nueve millones de yenes que el pachinko donó a una decena de parlamentarios socialistas en los últimos años, según consta en una investigación realizada por el propio partido.

Los liberales también realizaron la suya. El viernes pasado, la portavoz del Gobierno, Mayumi Moriyama, dijo que ocho miembros del actual Gabinete, entre los cuales Kaifu y ella misma, habían recibido casi cinco millones en donaciones de empresas de este juego de bolas. Moriyama puntualizó que tales aportaciones no constituyen una violación a la ley de control de fondos políticos.

Sospechas

Los socialistas también han puesto énfasis en la limpieza de su operación. Sin embargo, hay sospechas de que al menos en un par de casos haya existido irregularidad por parte de los beneficiarios del partido opositor. Son cifras, en cualquier caso, pequeñas pero que cuestionan la ética de la política japonesa.

La sangre no ha llegado al río, pero muchos diputados del Gobierno se frotan las manos con los embarazos que causa en la oposición la campaña de goteo de datos que involucran más a algunos parlamentarios socialistas. A mitad de la semana pasada los debates en la comisión de presupuesto sirvieron para que un diputado liberal exigiera la comparecencia del socialista Ippei Koyama para declarar bajo juramento que no ha obtenido fondos ilegales de la asociación de residentes pronorcoreanos de Japón, tal y como sostiene una revista que fue la primera en levantar el escándalo. Doi se negó. Al final se llegó a la solución de compromiso de debatir el tema de las donaciones del pachinko en una sesión especial a fin de mes. Pero las aguas siguen turbulentas. La Cámara alta, en la que los liberales perdieron el pasado julio la mayoría absoluta, ha pedido con aires revanchistas a Kaifu que el principal sospechoso del caso Recruit, el ex primer ministro Yasuhiro Nakasone, vaya a declarar allí como ya lo hizo antes en la Cámara baja.

Posibles alianzas

Entre tanto, Doi hace denodados esfuerzos para desmontar las raíces de izquierdismo del programa socialista, con el fin de contentar a los eventuales compañeros de coalición, los socialdemócratas y los budistas del Komeito, pero a costa de provocar una fractura dentro del propio partido. La izquierda socialista no ha digerido bien el compromiso de mantener el tratado de seguridad con EE UU y de no desmantelar las fuerzas armadas japonesas. Las dos cuestiones implican un giro radical en la política de defensa predicada hasta ahora por el socialismo nipón. Doi acaba de dar un paso más en la vía reformista al anunciar que Japón permanecerá política y económicamente ligado al bloque de países occidentales si ella llega a gobernar. Pero socialdemócratas y budistas exigen un respaldo aún más explícito de la alianza con los norteamericanos.