Pedrol y sus bases

LA RECIENTE dimisión de Antonio Pedrol como decano del Colegio de Abogados de Madrid para presentarse, a sus 79 años, a la reelección en el cargo sería un suceso de escasa relevancia pública -aunque significativo en la vida interna de una corporación profesional- si la personalidad de su protagonista, y sobre todo la trascendencia de la función de un colectivo de más de 20.000 abogados, no requiriera la atención de la sociedad. La estructura fuertemente conservadora de la profesión de abogado, numéricamente incontestable, pone las cosas fáciles a Pedrol si lo que desea es terminar su mandato con el exclusivo respaldo de los votos de este signo. Pero esta posibilidad, que estuvo siempre al alcance de su mano, fue reiteradamente descartada en aras de la unión. profesional que, mejor o peor, es uno de los logros del decano dimisionario, quien en sus sucesivos gobiernos de concentración compartió el poder con los representantes más o menos oficiosos de los grandes partidos del arco parlamentario. Ponerla ahora en práctica tiene todos los visos de ser una huida hacia adelante como mejor modo de evitar las ineludibles y elementales reformas que necesita la abogacía española y que sus sectores más dinámicos reclaman desde hace años.La clave de este cambio de actitud se encuentra en que, desde la afloración de los sectores críticos producida a partir del congreso de Palma, la presencia en lajurita de gobierno de los partidos vinculados con la minoría progresista de la abogacía se ha hecho cada vez más insostenible. Por lo que parece, la democratización interna de la vida colegial no entra en los cálculos de Pedrol, y ha considerado llegada la hora de regresar a sus bases y prescindir del beneficio que hasta ahora le ha rendido el apoyo de los partidos. Si fuera posible confundir la democracia con la estadística, la solución sería irreprochable. Lo que ocurre es que una mayoría conservadora pura y dura al frente de los abogados, sin la corrección de la presencia en la junta de gobierno de sectores minoritarios pero más sensibles a la mayoría social y política, constituye una amenaza para los usuarios de la abogacía y significa apostar definitivamente por la ruptura profesional. De ahí que, desde esta perspectiva, que socialmente es la que importa, la nueva reelección de Pedrol puede ser una mala noticia. Y, en todo caso, sería deplorable que una trayectoria que ha tenido como norte la unión de la abogacía culmine con la siembra de la semilla de su división.