Los GAL, un asunto pendicente

J. G. La investigación de los fondos reservados del Ministerio del Interior como posible financiación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) seguirá centrando los esfuerzos de la acusación popular, a pesar de haber sido denegada recientemente por la Audiencia Nacional en uno de los sumarios abiertos por el caso en el tribunal.

Los abogados Fernando Salas y José Luis Galán, que ejercen la acusación popular en los sumarios de los GAL, continuarán insistiendo en investigar dichos fondos con el fin de aclarar si efectivamente existió una desviación de dinero desde el Ministerio del Interior para financiar al mencionado grupo terrorista.

El sumario principal sobre los GAL ha concluido y se espera que el juicio pueda celebrarse a primeros del próximo año. No obstante, de ese sumario se han desgajado otras cinco causas que seguirán tramitándose en la Audiencia Nacional: los secuestros de Segundo Marey y José María Larretxea y los atentados contra Fernando Biurrun, el establecimiento hotelero Mombar y el prófugo Juan Carlos García Goena. Las conexiones de los GAL con funcionarios del Ministerio del Interior -procesados y encarcelados los policías José Amedo Fouce y Michel Domínguez Martínez- y la sospecha de implicaciones políticas en el caso constituyen una cuestión todavía pendiente, que parece dificil de saldar mientras las más altas instituciones de la Administración se amparen permanentemente en el secreto oficial ante cualquier requerimiento judicial sobre el posible uso de fondos reservados para organizar actividades criminales del GAL.

La nueva documentación francesa enviada a la Audiencia Nacional y las próximas investigaciones que impulsarán los jueces Baltasar Garzón y Carlos Bueren, encargados de esos sumarios, abrirán la etapa decisiva para el total esclarecimiento de las actividades, organización y financiación de ese grupo terrorista.

No obstante, el apartamiento del caso en 1988 del fiscal Ignacio Gordillo supuso una relativa paralización de las investigaciones, según manifiestan los abogados de la acusación popular.

Estas fuentes entienden que el nuevo fiscal asignado al caso mantiene una escasa voluntad indagadora, lo que se habría traducido en que desde su incorporación no ha solicitado ni una sola prueba para proseguir las investigaciones.

Según esta versión, la negativa del Ejecutivo a facilitar la investigación de los fondos reservados de Interior y el apartamiento en el caso del voluntarioso fiscal Gordillo vienen a corroborar el escaso interés del Gobierno por aclarar un asunto que puede salpiear a algunos responsables de la lucha antiterrorista.