Desalojadas cuatro viviendas sociales vendidas ilegalmente por sus beneficiarios

El Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginal ha tramitado seis expedientes de desalojo, cuatro de los cuales ya han sido ejecutados, y tiene en marcha otros 14 para expulsar a 20 familias que compraron viviendas de forma fraudulenta. Los pisos fueron otorgados a familias marginadas en régimen de alquiler, que luego los vendieron por precios que oscilan entre los dos y los cuatro millones de pesetas. El consorcio pretende '"ejemplarizar" con estos desalojos y evitar nuevos casos.

A las nueve de la mañana de ayer, los inspectores del Consorcio ordenaron el derribo de una casa baja construida sobre una parcela en el campamento de El Cañaveral, en la carretera de Vicálvaro a Mejorada. Los obreros demolieron completamente la casa, para evitar que pudiera volver a ser ocupada de nuevo. Una patrulla policial vigiló la operación en evitación de posibles incidentes. Durante la mañana de ayer, otro equipo de inspectores supervisó la retirada de los muebles de otra vivienda vendida ilegalmente, en la calle de Riojanos, en Palomeras.Los actuales ocupantes de las viviendas son puestos literalmente en la calle, ya que no reciben en ningún caso ni una compensación por el dinero desembolsado ni una vivienda social alternativa. "Y se hace así porque el comprador de estas viviendas sabe perfectamente que lo que está haciendo no es legal. Tanto el que vende como el que compra saben que actúan mal", afirmó Rosa Molina, responsable del área social del consorcio.

De los seis expedientes de desalojo ya tramitados, cuatro ya han sido ejecutados y otros dos se harán efectivos el próximo día 24, martes. Los 14 restantes están todavía en fase de elaboración. Los 311 pisos propiedad del consorcio son los más afectados por las transmisiones fraudulentas. Los barrios de Palomeras, La Carolina y Pililla concentran el mayor número de expedientes. En Palomeras se ha alcanzado uno de los precios más altos en la venta ilegal -4.200.000 pesetas- por un piso de 100 metros cuadrados con dos cuartos de baño.

Sin embargo, también se han producido ventas de parcelas en los campamentos construidos para familias seminómadas. Así, en el Cañaveral, una de las parcelas se vendió por 450.000 pesetas. El comprador construyó una casa, que fue derribada ayer. Las personas que han vendido los pisos y parcelas son denunciados en los juzgados por el propio consorcio, aunque, generalmente, es muy difícil localizar al vendedor.

El consorcio considera que con esta política de desalojo lo único que se pretende es recuperar la vivienda para poder otorgarla a otras personas. "Lo que nos preocupa es realojar a las 2.000 familias que tenemos censadas. Además queremos dar ejemplo para que no se produzcan casos similares", señaló Rosa Molina.