La batalla de los noventa

Agredir a la naturaleza es muy fácil. Sin ir más lejos, el automóvil que usted conduce cansinamente para ir al trabajo contribuye con sus humos a hacer irrespirable el aire de su ciudad y a llenar de ruido las calles hasta niveles que muchas veces atentan contra la salud. Ese mismo automóvil, pequeño o grande, viejo o nuevo, precisa el fin de semana de una autopista o una autovía si usted gusta de respirar aire puro los días de asueto. Pues bien, la construcción de esa vía de comunicación se puede haber llevado por delante miles de árboles, muchas veces centenarios, y ha sustraído al desarrollo de la vida vegetal y animal decenas de hectáreas.Conectar la televisión o mantener los alimentos en el frigorífico podría no suponer una especial agresión a la naturaleza pero, en muchos casos, también la acarrea. Si la electricidad que los mantiene en funcionamiento proviene de una central que quema carbón, ésta habrá agredido más o menos su entorno en función de sus mayores o menores emisiones de dióxido de azufre. Eso sin contar con que el dióxido de carbono que también genera contribuye, aunque sea en una pequeña parte, a potenciar el efecto invernadero en el conjunto del planeta, lo que puede implicar un aumento medio de la temperatura y unos cambios climáticos de efectos imprevisibles. Si la energía proviene de una central hidroeléctrica, aparentemente limpia, la agresión no se habrá limitado a la inundación de un determinado número de hectáreas. Las dificultades que plantean las presas a la fauna fluvial y su actuación como barrera de la arena, que impide que ésta llegue al mar y regenere las playas, también deben ser tenidas en cuenta. La tercera posibilidad es que la energía provenga de una central nuclear.

Enorme desigualdad

Desde este punto de vista amplio, por tanto, cualquier ciudadano de una sociedad tecnificada como la española es un agresor de la naturaleza, lo quiera o no. Al fin y al cabo, el habitante de un país avanzado y sus instrumentos gastan en un día la energía que un hombre que viva a nivel de subsistencia utiliza en ocho meses. Y hay muchos millones de personas en este planeta que están por debajo de ese nivel de subsistencia. Lógicamente, a nadie se le ocurre abogar por la renuncia a todos los adelantos y comodidades para reducir el consumo energético al mínimo y regresar a una imposible sociedad primitiva. Pero tampoco puede proponer nadie que todos los habitantes del planeta consuman como los de los países avanzados. "El caso es", como apuntaba recientemente en estas mismas páginas el biólogo Ramón Folch, "que los niveles de consumo occidentales hechos extensivos a los 6.000 millones de seres humanos que ya casi somos sería un acto de equidad... que nos costaría el planeta: no habría pastel para todos".

Con el ingreso en la Comunidad Europea (CE), España se ha incorporado, aunque sea con cierto retraso, a la corriente occidental de establecer controles cada vez más severos sobre los agentes agresores del medio ambiente. Poco a poco, la legislación española se va acomodando a la normativa dictada por Bruselas. En general, la adaptación suele hacerse a la baja, como es el caso de la versión hispana de la norma comunitaria que establece la obligación de que los promotores de obras de notable incidencia en el medio ambiente .en razón de su naturaleza, dimensión o localización" -carreteras, presas, puertos, aeropuertos, etcétera- deben efectuar estudios de impacto al presentar la solicitud de construcción.

Trato diferenciado

Otras veces, los negociadores españoles han conseguido que este país sea considerado un caso especial a causa del negativo impacto económico que pudiera tener la aplicación en frío de la norma comunitaria. Es el caso de la directiva de 24 de noviembre de 1988 sobre grandes instalaciones de combustión. Como excepción, las 33 centrales térmicas en funcionamiento en territorio español reducirán sus porcentajes de emisión de dióxido de azufre -el agente causante de la lluvia ácida- en porcentajes inferiores a los del conjunto de la Comunidad, de tal manera que la adaptación cueste unos 300.000 millones de pesetas en 15 años, frente a los 700.000 millones que les iba a costar. Su nivel de desarrollo por debajo de la media sitúa muchas veces a España como un freno en materia medioambiental. Aquí el tema ecológico no se plantea todavía como algo prioritario. De momento, la propuesta comunitaria de que la política ambiental informe las demás, ambientalizando la gestión, sigue un ritmo lento, en parte propiciado por la más bien escasa presión social que se ejerce.

La primera sentencia condenatoria por un delito ecológico -una figura que no fue tipificada hasta 1983- no se produjo hasta febrero del año pasado y no pasó de ser simbólica: castigó al ex director de la central térmica de Cercs, en el Prepirineo catalán, a un mes y un día de arresto y 30.000 pesetas de multa. El motivo de la condena fue que entre 1978 y 1983 las emanaciones de dióxido de azufre de la citada central causaron graves daños en una zona forestal de 30.000 hectáreas, una por cada peseta de multa.

Si bien cualquiera es en potencia un agresor de la naturaleza, hay actividades económicas que destacan especialmente, impulsadas tanto por la iniciativa pública como por la privadá. Las grandes obras de infraestructura, por una parte, y los sectores industriales de química básica, energía, refino, extractivo y papel, por otra, son especialmente contaminantes. Las diferencias entre unos y otros sectores está llevando a que el principio de que "el que contamina ha de pagar" esté calando cada vez más. En realidad, si no paga el contaminador acaba pagando el conjunto de la sociedad de una manera indirecta. Esta idea de base, que en el caso de obras conduce a plantear diseños menos agresivos y, en el caso de las plantas de producción, a aplicar mecanismos descontaminantes en origen o maquinaria menos sucia, lleva aparejada el desarrollo de nuevos sectores industriales que, como conjunto, pueden compensar e incluso superar la actividad económica que desaparezca a causa de normas medioambientales más estrictas.

En un Occidente tremendamente preocupado por el incremento de enfermedades cancerígenas que puede conllevar la disminución de la capa de ozono (que filtra los rayos ultravioleta) y por los imprevisibles cambios climáticos que puede propiciar el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera, el debate que se plantea es precisamente si el sistema económico va a ser capaz de sacrificar beneficios inmediatos para garantizar un desarrollo sostenido que respete los recursos en vez de despilfarrarlos. En palabras de la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, una autoridad mundial en el tema, la reorientación del desarrollo "sin una presión directa del mercado es un reto sin precedentes".

Los grandes partidos españoles, lógicamente, se declaran todos ellos defensores del medio ambiente. Tanto el Partido Popular (PP) y el.Centro Democrático y Social (CDS), como Convergència i Unió (CiU) consideran que la Administración debe dar más importancia de la que da al tema y proponen la creación de una secretaría de Estado específica. Sobre el problema de fondo, el PP promete una línea de diálogo con la industria para encauzar la adaptación a las exigencias medioambientales, mientras que el PSOE propugna "mecanismos de apoyo a inversiones reductoras de la contaminación" y estímulo a la industria medioambiental, un nuevo sector que considera estratégico y en el que será conveniente "ima importante presencia pública". Izquierda Unida (IU) considera que se avecina una revolución tecnológica ecológicamente planteada que "igual que las anteriores aumentará la concentración de capitales".