El Gobierno se opone a que agentes del FBI actúen en territorio español
Altos responsables de la seguridad del Estado español y medios diplomáticos consultados en Madrid coinciden en calificar de ilegales y violación de la soberanía nacional las nuevas atribuciones concedidas al Buró Federal de Investigación (FBI) por el Departamento de Justicia norteamericano, que facultan a los policías federales para secuestrar en cualquier país a delincuentes reclamados por los tribunales estadounidenses.
Las críticas han surgido también en EE UU, donde algunos congresistas y abogados consideran que la nueva regulación tiene puntos incompatibles con el derecho internacional y puede crear problemas a Washington con países amigos.El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director de la Policía, José María Rodríguez Colorado -que asistieron a la reunión de la trilateral antidroga (España, Italia y EE UU) en Bogotá-, declararon que tales medidas "no están de acuerdo con las leyes internacionales ni con las leyes de los distintos países".
Rodríguez Colorado agregó que "un país no puede legislar ni dar normas administrativas que afecten a la soberanía de otros países. Eso no se lo vamos a consentir a nadie. No sé en qué países podrá actuar así el FBI. En lo que a España se refiere no se puede defender bajo ningún concepto". En el Ministerio de Asuntos Extenores se dijo que las nuevas atribuciones de los agentes federales de EE UU "no están respaldadas por ningún tratado sometido al derecho internacional y, por tanto, no están justificadas jurídicamente".
Las fuentes diplomáticas españolas aseguraron que la nueva normativa se les antoja una aplicación de derecho bélico. En la Administración española se considera que Washington pretende justificar la carencia de eficacia policial y judicial en determinados países a los que a partir de ahora desea enviar a sus agentes federales.
Existen precedentes en algunos Estados que han utilizado este tipo de acciones, "pero siempre sin amparo legal", según explicaron las citadas fuentes. Tal fue el caso de Adolf Eichmnann secuestrado en Argentina por agentes secretos israelíes que le trasladaron a Israel, donde fue juzgado, sentenciado a muerte y ejecutado.
La Sociedad Americana de Derecho Internacional emitió ayer un comunicado en el que dice que la nueva legislación estadounidense "puede provocar una variada reacción legal a escala internacional, caso de aplicarse". Con las nuevas directrices se invalida la actuación legal que seguía en estos casos la Administración norteamericana desde la presidencia del demócrata James Carter. Éste decretó en 1980 que las operaciones de captura de delincuentes huidos deberían llevarse a cabo de acuerdo con la legislación nacional del país donde se hubieran refugiado.
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