Francia entrega la pistola de 'Josu Ternera' para comprobar si se ha utilizado en atentados

La pistola incautada al dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, en Francia a raíz de su detención ha sido objeto de diversos estudios y peritajes para comprobar si ha sido utilizada en alguno de los atentados cometidos por activistas de la organización terrorista en España.

La pistola fue reclamada por el juez Baltasar Garzón a las autoridades judiciales francesas junto con otras pruebas y documentos, dentro de las investigaciones que se siguen a raíz del último atentado contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, y será devuelta una vez concluyan las pruebas periciales. Por el momento se desconocen los resultados de las pruebas practicadas con el arma.Las autoridades francesas han facilitado también los originales de los documentos denominados papeles de 'Josu Ternera' para la realización de análisis periciales caligráficos, así como los documentos de identidad y de conducir que bajo nombres falsos portaban en el momento de su detención Urrutikoetxea, Elena Beloki y otro militante de la organización.

Igualmente se han aportado al sumario abierto por el atentado contra la sede de la Dirección de la Guardia Civil las diez huellas dactilares de Josu Ternera, Elena Beloki, Santiago Arróspide Sarasola (Santi Potros) y Mariano Esteban González Betolaza.

Fuentes que conocen la investigación han puesto de manifiesto que las autoridades judiciales españolas esperan a que exista una prueba objetiva (huellas dactilares, periciales balísticas o de armamento) para procesar en el sumario por el atentado contra la Guardia Civil a toda la cúpula de ETA que se encuentra detenida en Francia. De obtenerse esta prueba de las indagaciones o los análisis que se están llevando a cabo, se solicitarían las extradiciones de los etarras citados para ser juzgados en España por diversos delitos de terrorismo, cuya pena no superaría los 30 años de prisión, máximo establecido en la legislación española.

Los jueces evitan instar al Gobierno que pida las entregas de terroristas cuando las pruebas existentes contra ellos son endebles, para no poner en un dilema jurídico a los magistrados franceses, que tendrían que rechazar la petición. Santi Potros está reclamado por varios hechos delictivos, entre los que destaca el atentado contra Hipercor, en el que resultaron muertas 21 personas, pero Josu Ternera o Elena Beloki no tienen procedimientos pendientes por los que se pueda conceder su extradición. Ternera sólo está procesado en el sumario, abierto a raíz de las investigaciones en la cooperativa Sokoa, pero esos hechos también han sido perseguidos en Francia, por lo que no puede ser juzgado por ello en España.

El último atentado contra la sede de la Dirección General de la Guardia Civil tuvo lugar el 22 de noviembre de 1988 y causó dos muertos. Las investigaciones apuntan a que un comando de ETA, que recibió la orden directamente de la cúpula de la organización, colocó un coche bomba pegado al edificio, activando a distancia el artefacto explosivo.