Ardanza anuncia el cierre de 13 cuarteles de la Guardia Civil en el País Vasco

El presidente del Gobierno vasco, el peneuvista José Antonio Ardanza, anunció ayer, en la sesión de apertura de la legislatura en la Cámara autónoma, que el próximo día 10 se cerrarán 13 cuarteles de la Guardia Civil como consecuencia de un acuerdo verbal con el Gobierno central. El Lendakari reclamó en su discurso ante el Parlamento vasco una recomposición del consenso que permitió en 1979 aprobar el Estatuto de Gernika, para conseguir ahora su pleno desarrollo y garantizar su singularidad y su carácter pactado.

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Lasa, precisó a su vez que se cerrarán cinco cuarteles en Guipúzcoa, cuatro en Vizcaya y otros tantos en Álava. "Hay familias implicadas", indicó para justificar su negativa a pormenorizar las poblaciones o el número de guardias civiles afectados. Lasa aclaró, no obstante, que los agentes de los 13 acuartelamientos serán trasladados a nuevos destinos fuera de la comunidad autónoma vasca.Más de la mitad de estos acuartelamientos se encuentran en zonas donde ya está desplegada la Ertzaintza, y algunos más, en áreas de próximo despliegue. Las poblaciones previstas para la próxima instalación de comisarías de la policía vasca son Rentería y Éibar, en Guipúzcoa; Llodio, en Álava, y Basauri, en Vizcaya. Para Lasa, el compromiso de clausura de los acuartelamientos es un primer paso que el Gobierno vasco hubiera deseado más ambicioso, pero que resulta satisfactorio.

Ardanza consideró preocupante la imposibilidad de alcanzar hasta el momento un acuerdo con el Gobierno central sobre la "adecuación" entre la Policía del Estado y la autónoma. "El espíritu que un día alumbró la LOAPA", dijo, "ha permanecido activo a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional y ha conducido a una evidente actitud uniformizadora y homogeneizadora en la Administración central". Las víctimas principales han sido, añadió, los estatutos más diferenciados, como el de Gernika, que "se han visto fuertemente afectados a la baja".

Sin embargo, el lehendakari destacó en su discurso ante la Cámara la contribución a la pacificación y normalización del País Vasco del Ejecutivo de coalición entre socialistas y nacionalistas que preside.

Posteriormente, el portavoz de Eusko Alkartasuna (EA) en el Parlamento vasco, Juan Porres, insinuó en una crítica intervención que el tono de reivindicación estatutaria del lehendakari está relacionado con las próximas elecciones y no es coherente con las actitudes y la composición del Gobierno que preside. Porres coincidió en pedir un nuevo consenso en la sociedad vasca para "regenerar" el estatuto, sin excluir la hipótesis de su reforma, y se mostró partidario de ganar a Herri Batasuna para este acuerdo porque Euskadi, indicó, "no puede seguir soportando tan gran fractura social".

En un turno de contrarréplica al lehendakari, Porres aludió a indicios de corrupción en la gestión del juego en Euskadi. El portavoz de Eusko Alkartasuna citó algunas circunstancias sospechosas que concurrieron en la concesión de una lotería instantánea, y citó datos según los cuales en la comunidad autónoma hay en explotación unas 6.000 máquinas tragaperras más de las admitidas por la reglamentación legal.