El juez procesará hoy al alcalde de Burgos y a otras ocho personas por un escándalo inmobiliario

El juez Adolfo Mallo, encargado del caso de la construcción de Burgos, dará a conocer hoy un auto por el que abre juicio oral contra el alcalde de la ciudad, José María Peña, de Solución Independiente, y otras ocho personas acusadas por el fiscal de varios delitos en relación con un escándalo inmobiliario. Según el escrito de acusaciones del ministerio público, el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, uno de los encausados por el juez, ha edificado "casi sin control alguno" en Burgos gracias a las relaciones que le unen con el alcalde y los tenientes de alcalde José María Codón Herrera y Manuel Muñoz Guillén, también de Solución Independiente.

Los encausados en el auto que dará a conocer hoy el juez a las partes son, además del alcalde, los dos tenientes de alcalde y el constructor citados, el concejal Víctor Martínez Llorente; el ex secretario del ayuntamiento, Esteban Corral; el funcionario municipal Cristóbal Serrano; el registrador de la Propiedad José María Castrillón, y el arquitecto Juan Manuel Manzanares.Según el escrito del fiscal, José Antonio Sánchez, el resultado de las actividades de Antonio Miguel Méndez Pozo ha sido el de "adquirir gran peso en el sector [de la construcción] y la obtención de muy destacados beneficios, aparte de un no despreciable protagonismo político".

Para el fiscal, tanto el alcalde como los tenientes de alcalde "hicieron uso de su posición de privilegio en el Ayuntamiento" para favorecer a Méndez Pozo "en mayor medida que otros constructores". Esa situación se tradujo en diferentes maniobras para conseguir los mejores solares de la ciudad, en el plazo más rápido posible y con falta de respeto a las nor mas de planificación y volume tría aplicables.

La posición de dominio del alcalde y de los tenientes de al calde "carecía prácticamente de límites", afirma el fiscal, ya que los tres cargos municipales se reservaban el control de todos los organismos con competencia en materia de urbanis mo, además de contar con la "adhesión incondicional" de los demás concejales de la mayoría.

Los acusados se valieron también de la "utilización abusiva de la técnica del otorga miento de las licencias con con diciones especiales", sabiendo que su cumplimiento no iba a ser controlado de ninguna ma nera, "de modo que el constructor interesado, en no pocas oca siones, contaba casi con una licencia en blanco para llevar acabo sus propósitos", añade el fiscal.

El ministerio público considera cometidos numerosos delítos de prevaricación y falsedades documentales, por los cua les pide penas de hasta nueve años de cárcel para el alcalde, de hasta once años y seis meses para el constructor Méndez y penas menores para los tenientes de alcalde. Asimismo, el ministerio público pide seis años para el ex secretario del ayuntamiento, Esteban, Corral, cuya colaboración con las autoridades políticas considera necesaria para la comisión de los delitos de los que acusa a éstos. Los demás encaunsados lo son por razones similares.

El fiscal no se limita a pedir penas de prisión, sino también la nulidad de numerosas licencias de obras concedidas por el equipo del alcalde José María Peña, que implican -en caso de que prosperen- el derribo de edificios ya construidos.

Los delitos que cita el fiscal coinciden en síntesis con los denunciados por la parte acusadora, la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos.

Beneficios de 2.000 millones

Dicha federación denunció el 5 de febrero de 1988 la existencia en Burgos de una red ¡legal de intereses mediante la cual el constructor Miguel Méndez Pozo, promotor de varias inmobiliarias, obtuvo, al parcer, unos beneficios ¡lícitos cercanos a los 2.000 millones de pesetas.Según el presidente de los constructores burgaleses, Jesús de las Heras, estos beneficios fueron posibles gracias a la manipulación del Plan General Urbano de la ciudad, la utilización interesada de documentos públicos y la concesión de licencias de obras irregulares que permitieron a Méndez Pozo la construcción de 37.000 metros cuadrados más de lo que le hubiera permitido legalmente el Plan General de Ordenación Urbana.

Tras la denuncia presentada por los constructores, que dio paso a la apertura de un ingente sumario de diligencias previas, condensadas en 13.000 folios, el alcalde mantuvo y sigue manteniendo que detrás de todo el caso se encuentra una maquinación del PSOE para derribarle, ya que no ha conseguido vencerle en las urnas. El alcalde y sus correligionarios, que hacen un paralelismo de su persecución con la "sufrida por Cristo, el Cid y Jordi Pujol", han negado todas las acusaciones, esgrimiendo siempre que su único interés ha sido Burgos.