Anular el juicio

CUANDO SE produce un acto de barbarie para el que no se encuentra una explicación racional y cuya autoría se desconoce, es casi seguro que nos encontremos ante un nuevo crimen de ETA. Así ha ocurrido durante muchos años cada vez que los terroristas han descendido un nuevo peldaño de su degradación maflosa. Hubo un tiempo en el que, especialmente en Euskadi, la incredulidad era la primera reacción: cómo van a haber hecho eso, en qué cabeza cabe, no es posible. Sin embargo, pocas horas había que esperar para comprobar que sí habían sido ellos. Ellos, los heroicos gudaris capaces de asesinar, sin que les tiemble el pulso, a las niñas que dormían en el cuartel de Zaragoza, a los clientes de un supermercado, a la madre de un funcionario de prisiones.Casi siempre acaban siendo ellos, del mismo modo que en la Italia meridional suelen ser miembros de la Mafia o de la Camorra quienes asesinan a jueces y fiscales y que en la martirizada Colombia de nuestros días los más odiosos crímenes llevan el sello inconfundible de los gánsteres del narcotráfico. Y no otro objetivo que la Mafia, la Camorra o los narcotraficantes tienen los que ayer dispararon contra Carmen Tagle: amedrentar, advertir a todos los funcionarios de la Administración de justicia de que ellos pueden ser las siguientes víctimas si no se achantan, si persisten en cumplir con los deberes del cargo que desempeñan.

Las tareas de Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional, comprendían la investigación de crímenes como los de ETA o los GAL y representar al Estado en los juicios celebrados, con todas las garantías jurídicas, contra los presuntos autores de esos y otros delitos. Pero nunca, aunque lo hubiese pretendido íntimamente, podría esa o cualquier otro fiscal haber solicitado la pena de muerte para ningún acusado. Ni podrán mañana los compañeros de la fiscal asesinada decretar la ejecución de quienes ayer vaciaron el cargador de su arma contra una mujer indefensa. Porque en la España democrática que los terroristas querrían destruír no existe la pena de muerte. Y porque en un Estado de derecho la justicia es un instrumento de civilización, no de venganza.

En su degradación, los terroristas y quienes los halagan y jalean desearían que el sistema democrático dejase paso a uno en el que dasapareciera la distancia moral entre los criminales y quienes los persiguen, juzgan y sentencian, igualando a unos y a otros en la indignidad. Por eso tratan de intimidar a estos últimos buscando anular, mediante el miedo, su conciencia y su voluntad. Buscando reacciones de pavor que anulen el juicio de los individuos y atemoricen al conjunto de la sociedad. No es una práctica nueva. Es la que ha caracterizado desde tiempo inmemorial a quienes, habiendo comprendido que carecían de razones, se han acogido a una única razón: la de la fuerza.