Las privatizaciones

SIMULTÁNEAMENTE Y, según todos los indicios, producto de una coincidencia temporal, varias empresas públicas -Enfersa, Imepiel, Ateinsa, Enasa- están a punto o ya han sido transferidas al sector privado, en lo que se configura como una nueva fase privatizadora y que viene a unirse a la otra vía alternativa utilizada: la reciente salida a bolsa de Repsol y los planes previstos en este mismo sentido para Iberia y Aviaco, aunque en estos últimos casos el sector público mantendrá la mayoría del capital y, por ende, el control estratégico de las compañías.La ola privatizadora, que corre paralela a la de otros Estados comunitarios, se produce, sin embargo, sin que se haya suscitado -y sin que ninguna fuerza política lo juzgue oportuno- un debate sobre el papel que debe jugar el sector público en la economía española en una coyuntura histórica muy especial: el mercado único europeo se encuentra cerca y pondrá a prueba la estructura industrial de los países comunitarios, especialmente de los más débiles en este terreno, entre los que España puede verse incluida.

Portavoces oficiales han señalado que la empresa pública española está preparada ante el reto de una Europa unida "en lo económico y en lo social", pero esta afirmación se queda en una mera frase sin contenido real si no existe al mismo tiempo una idea clara de la dimensión ni del objetivo futuro del Instituto Nacional de Industria (INI) y de las empresas del Patrimonio del Estado. Hasta este momento, más que el abandono de sectores específicos en función de una estrategia elaborada, se vende o se va a vender todo aquello para lo que existe comprador, en varios casos después de efectuar sustanciosas inyecciones de fondos públicos para sanear las empresas y enajenarlas en las mejores condiciones posibles. En algunos ejemplos, como es el de Enasa, son ya varios años de negociaciones e intentos frustrados. El toque de salida de esta política se dio con la venta de Seat a la alemana Volkswagen, tras la inversión de 90.000 millones de pesetas.

Ante este fenómeno, las únicas voces que se han levantado en contra de este proceso de ventas han sido, aparte de algunos economistas independientes, las sindicales, aunque bien es cierto que más a menudo para pedir garantías de empleo que en busca de una clarificación de la estrategia gubernamental en el sector público.

Es imprescindible y urgente definir claramente cuál debe ser el papel del sector público para evitar, por ejemplo, que un día se califique como sector estratégico a los fertilizantes y, al poco tiempo, y en función de ofertas más o menos sustanciosas, se diga todo lo contrario. En este sentido, resulta paradójico que, sin embargo, todavía no se hayan comenzado las negociaciones para la compra al grupo Ercros, controlado por el grupo kuwaití KIO, de la empresa de armamento Unión Española de Explosivos.

En todo caso, es necesario evitar el riesgo de que el sector público español vuelva a sus orígenes: un ente cuya única finalidad era la de la subsidiaridad de la iniciativa privada en los sectores poco o nada rentables, y a través del cual parte del dinero de los ciudadanos se transfería al sector privado, es decir, la socialización de las pérdidas.