El último peón

El Gobierno militar chileno procura dejar atada y bien atada la economía para la gestión del nuevo Ejecutivo. La aprobación de una ley que permite a Pinochet controlar el banco central así lo demuestra, De otro lado, aunque la economía del país puede considerarse entre las más saneadas de América Latina, sobrevuela el peligro de un incremento de la presión de la deuda, algo que para la esperada democracia podría tener repercusiones negativas.

La reciente aprobación de una controvertida ley que otorga autonomía al banco central y permite al general Augusto Pinochet designar las autoridades que tendrá la institución durante el próximo Gobierno que, según las encuestas, encabezará el opositor Patricio Aylwin, fue el último remache de esta concepción continuista.Economistas y políticos opositores consideran un abuso de poder que un régimen saliente deje "colocados a funcionarios pinochetistas" en el banco central y anunciaron que la ley será modificada por el Gobierno democrático. Los ténicos de Aylwin ha pedido a la derecha dialogar sobre el alcance de esta reforma que, para efectuarse, requerirá la aprobación del 57% del Parlamento.

De acuerdo a la ley, el presidente del banco central, que Pinochet designará en un plazo de dos meses, permanecerá en el cargo hasta 1994, cuando termine el próximo período presidencial. Los cinco miembros del consejo del banco central podrán ser renovados cada dos años. El último de ellos seguirá en funciones hasta 1999.

Las funciones de la entidad monetaria chilena son más amplias que las que tienen instituciones similares en los países desarrollados. Un funcionario internacional ha comentado que la ley toma los aspectos más liberales del Bundesbank alemán y de la Reserva Federal norteamericana. En Chile, el banco central tiene la dirección monetaria, crediticia, cambiaria y del sistema bancario. Participa en la negociación de la deuda externa. La ley estipula, además, que la institución no podrá financiar al Estado con créditos.

Para los detractores, en cambio, las autoridades monetarias deben estar sujetas al control democrático, y la autonomía puede conducir a que el banco central tenga políticas distintas que la de los Ministerios de Hacienda y Economía, estimulando la inestabilidad. Según los partidarios de la ley la autonomía impedirá un rebrote de la inflación y ayudará a la estabilidad económica, favoreciendo la democracia. Un miembro de la Junta de Gobierno, el almirante José Toribio Merino, afirmó que el propósito es "mantener una economía so cial de mercado controlada" y que sea muy difícil de introducir "una economía socialista en que todo esté controlado por el Estado". Sobre la necesidad de controlar la inflación, en cambio, existe consenso.

Pese a los anuncios de futuros cambios legales, Aylwin se esfuerza por dar señales a los empresarios e inversionistas sobre el modelo económico que se mantendrá. Las modificaciones serán para dar un carácter social a una economía atípica en América Latina.

Aunque los cambios planificados por la oposición son moderados -fortalecer los sindicatos, subir el salario mínimo aumentar impuestos para financiar más gasto social- los empresarios locales han dejado su inversión en compás de espera. La inversión extranjera, en cambio, apresura su paso, usando los mecanismos de conversión de deuda externa en activos, que entregan un descuen to al comprador.

País rico y pueblo pobre

Considerando sólo los índices macroeconómicos, el país andino se encuentra en una de las mejores situaciones del continente. Una inflación del 16% anual, frente a las centenas con las que se miden las economías como la de Perú o la de Argentina. El crecimiento del PIB en 1988 que se situó en un 7,4% o del consumo que se incrementó en un 10,4%. Un signo positivo es también la reducción de la deuda en términos absolutos ésta ha descendido de 19.700 millones de dólares en 1984 a 6.700 millones en estos momentos.Pero todo lo que reluce no es oro. El coste social de la política económica ha dejado al 41,2% de la población de Chile en los márgenes de la pobreza. Así lo estima un estudio elaborado por el Programa de Economía del Trabajo (PET),organismo dependiente de la Academia de Humanismo Cristiano. En cifras éllo viene a representar 5.220.000 personas sobre una población de 12.500.000 habitantes. De ese porcentaje, un 14,9% está formado por indigentes, personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y de vivienda.

El tratamiento de la deuda en los próximos cuatro años, puede dañar seriamente una situación que, aunque presente signos positivos, es aun precaría. De no mediar una reestructuración de los actuales compromisos, Chile deberá dedicar un 33,5% de sus exportaciones al servicio de la deuda entre 1991 y 1993, mientras que actualmente el porcentaje es de un 27%. Los expertos, tanto opositores al régimen como oficilistas, coinciden en que el servicio anual de la deuda superará lo 3.000 millones de dólares entre 1990 y 1993.

La deuda ha sido rebajada gracias a una actuación en tres frentes. El primero se debe fundamentalmente a operaciones de convertibilidad de bonos y pagarés, iniciadas en 1985 y que se combinaron con el trasapaso de empresas estatales al sector privado. En una segunda etapa se logró un ventajosa renegociación de la deuda en febrero de 1987. Ésta incluía una reprogramación de pagos hasta 1990 y prórrogas en la amortización de gran parte del principal hasta 1997. Un tercer frente fue poder.aprovechar la bonanza de los precios de los principales bienes exportados por Chile, principalmente cobre.

Dos de esos frentes se verán erosionados a partir de 1990. La buena salud del precio del cobre, que representa un 45% de las exportaciones, tenderá a rebajarse.

Por otro lado, en 1991 finaliza el calendario de revisión de los plazos para el pago de los intereses de la deuda, lo que significa que a partir de ese años se duplicarán los actuales pagos por amortizaciones llegando, según una fuente oficial, a 1.200 millones de dólares.