El suicidio del padre del joven muerto en la explosión de Alicante complica la investigación del caso

MENCHU ILLÁN Alicante El suicidio, en la mañana de ayer, de Joaquín Rigal Martínez, padre del joven que conducía el coche que causó la explosión del pasado sábado en San Juan (Alicante), complica la investigación sobre el siniestro que causó ocho muertos. Rigal, comisionista de varias pirotecnias, se arrojó desde el ático del inmueble donde vivía. La Consejería de Industria había advertido en mayo al Gobierno Civil que Pirotecnia Levantina, probable suministradora de los explosivos que estallaron en el hipermercado de San Juan, no cumplía las normas de seguridad.

Rigal, de 54 años, aprovechó un descuido de la vecina que ocupaba la vivienda del ático para arrojarse al vacío poco después de las ocho de la mañana. Rigal estaba casado y tenía cuatro hijos. En el barrio de la víctima han señalado que Rigal había estado sometido a una insoportable tensión nerviosa en los últimos días. Tras el suicidio de su marido, la mujer del fallecido tuvo que ser atendida por los médicos de un ataque nervioso. La Guardia Civil no había aclarado ayer todavía el origen ni el destino de la pólvora y los explosivos que estallaron en el hipermercado Pryca. Joaquín Rigal Martínez prestó declaración ante la Guardia Civil en la madrugada y la mañana del domingo tras el accidente. Su testimonio resulta de un valor inestimable a la hora de aclarar el origen y las causas de la explosión del sábado por la noche en el hipermercado Pryca. En opinión del fiscal del caso, Felipe Briones, el fallecido conocía la cantidad exacta de explosivos contenidos en el coche. Briones declaró ayer que existen imnumerables industrias "clandestinas" que no cumplen con la normativa de pirotecnia. No obstante, ni la Guardia Civil, -que ha tomado declaración a cerca de 50 personas, pero no ha detenido a ninguna-, ni el fiscal han podido aclarar todavía la cantidad exacta de material explosivo que contenía el coche Peugeot 505 que provocó la catástrofe de San Juan, ni tampoco el destino concreto de la pólvora y las tracas. El gobernador civil de Alicante, Pedro Valdecantos, se negó ayer a realizar declaraciones a este diario.

Rigal Martínez, padre de Joaquín Rigal Vicó, que conducía el coche que causó la explosión, trabajaba en la empresa de aluminio Inespal, de Alicante, pero actuaba como comisionista de Pirotecnia Levantina y otras firmas del sector y ejercía como intermediario con comisiones de fiestas. Fuentes de la Guardia Civil indicaron a Efe que la relación de Joaquín Rigal con Pirotecnia Levantina era "lejana, no directa". El forense entregara hoy al juzgado el resultado de la autopsia de Joaquín Rigal. Según fuentes de la investigación, es muy probable que Rigal Vicó llevara en el coche gran cantidad de pólvora y material explosivo recogido en Pirotecnia Levantina y quizás en otros talleres con destino a diversos puntos. El joven trabajó el verano pasado en esta pirotecnia y ayudaba a su padre como intermediario.

Fuentes de la Consejería de Industria indicaron que los técnicos de la Generalitat enviaron un informe al Gobierno Civil de Alicante el pasado 5 de mayo en el que denunciaban la falta de medidas de seguridad en Pirotecnia Levantina, probable origen de los explosivos que estallaron en el hipermercado. El representante de Pirotecnia Levantina, Eduardo Samper, ha negado cualquier relación con el suceso.

Conflicto de competencias

En los últimos días, tanto los responsables de Interior como fuentes de la Consejería de Industria se han acusado mutuamente de la falta de control en las industrias pirotécnicas. La delegada del Gobierno en funciones, Concepción Saénz, afirmó el domingo que la Generalitat era la encargada de ejecutar la orden de paralización de las actividades de Pirotecnia Levantina decretada por la Consejería de Trabajo el 3 de agosto. Sin embargo, fuentes de Industria han manifestado que los gobiernos civiles son los encargados de aplicar los cierres de industrias pirotécnicas.

En medio de estas acusaciones mutuas y del caos administrativo para determinar las causas del accidente más grave ocurrido en el País Valenciano en los últimos años, el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, acudió el domingo a Alicante para reanudar posteriormente sus vacaciones en Mallorca.