Poco margen para el optimismo

POCOS DÍAS después de la divulgación del índice de precios al consumo (IPC) correspondiente a julio, el Banco de España ha hecho públicas las tasas de crecimiento en ese mismo mes de la cantidad de dinero en circulación (activos líquidos en manos del público, ALP) y del crédito al sector privado. En ambos casos, tras los excepcionales aumentos registrados, del 28% y del 36%, respectivamente, se ampararían conceptos igualmente inusuales en cómputos anteriores. Realizada la correspondiente homogeneización, dichas tasas quedarían reducidas, según el Banco de España, al 13% y al 14%, respectivamente, expresivas, ahora sí, de una cierta desaceleración en relación a los registros de meses anteriores y, por tanto, sintomáticas en cierta medida de contención en el ritmo de crecimiento de la actividad económica. En la comunicación del banco emisor se destacan las partidas hoy computables en los ALP que no lo habían sido en meses anteriores (transferencias de activos y cesiones temporales de títulos) y se reseñan aquellos conceptos que, como el aplazamiento en la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) o el trasvase de fondos de primas únicas hacia activos financieros incluidos en esa definición, tienen un carácter excepcional. No se aporta, sin embargo, la necesaria recomposición de la serie que ha permitido homogeneizar las tasas de variación de las magnitudes en julio con las de meses anteriores. Asumidas las reclasificaciones y ajustes, la desaceleración de esas depuradas magnitudes -todavía muy por encima de la senda prevista- no parecen justificar el relativo optimismo con que las mismas se han transmitido y mucho menos su utilización como paliativo en la valoración de los serios desequilibrios que hoy presenta la economía española, y de los que el propio Banco de España dio cumplida cuenta hace un par de semanas en su boletín económico. Ese aparente menor crecimiento del crédito al sector privado y de la cantidad de dinero en circulación tampoco puede ocultar a estas alturas el evidente agotamiento de la política monetaria como terapia dominante para atajar las evidentes tensiones inflacionistas y el creciente déficit exterior de nuestra economía.

El origen de tales desequilibrios sigue localizándose en un ritmo de crecimiento de la demanda interna -muy superior a las posibilidades de oferta de nuestras empresas- que presiona al alza sobre los precios de los bienes ofrecidos en nuestro país y desvía una parte sustancial de esa demanda hacia el exterior. El resultado es un creciente déficit por cuenta corriente que puede ser difícil de mantener en el futuro, y una tasa de inflación que mina la competitividad de las empresas y erosiona la capacidad adquisitiva de las rentas, en especial las salariales. Esos desequilibrios reales han motivado a su vez desequilibrios financieros en la totalidad de los agentes económicos -familias, empresas y Administraciones públicas-, que han visto reducida de forma significativa su capacidad de ahorro, mostrando una escasa sensibilidad a la batería de restricciones de distinto signo instrumentadas por las autoridades monetarias en los últimos meses y al elevado nivel de los tipos de interés.

Sobre esta base, el mantenimiento de un ritmo de crecimiento económico notablemente superior al de los países de nuestro entorno será un resultado difícil de ofrecer en los próximos años sin riesgo de echar a perder lo conseguido en los pasados. De ello -hay que suponer- fueron conscientes las autoridades españolas cuando decidieron la incorporación al Sistema Monetario Europeo, así como de la escasa virtualidad que en ese esquema de disciplina cambiaria cobra el uso intensivo de la política monetaria. El abandono, en consecuencia, de la peculiar combinación de políticas económicas practicadas hasta- la fecha (tratando de frenar con la política monetaria la expansión presupuestaria) se presenta como precondición desde la que afrontar responsablemente el gobierno de nuestra economía en el futuro inmediato. Su reconocimiento y la discusión de sus consecuencias serán tanto más necesarios cuanto menos distante resulte la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado del horizonte electoral al que este país ha de enfrentarse.