El 'holding' industrial de la nueva supercaja estará controlado por personas proximas a la Generalitat

El poderoso holding industrial que se constituirá con las participaciones industriales de La Caixa y Caixa de Barcelona en las cuatro concesionarias de autopistas catalanas estará controlado por personas próximas a la Generalitat. U decisión de asignar la futura presidencia del holding industrial a Joan Torres Picamal y el nombra miento ayer del ex conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat Josep Manuel Basáñez como director general de Autopistas Concesionaria Española, SA (ACESA), se interpretan como los primeros réditos obtenidos por la Generalitat en el proceso de fusión de las dos mayores cajas catalanas.

El Gobierno catalán ha variado al parecer su estrategia respecto a la fusión: de la reticencia inicial con ribetes de oposición ha pasado a la sutil búsqueda de contrapartidas. Aparte del control del holding industrial, el Gobierno Pujol podría tratar de obtener una de las vicepresidencias de la futura entidad, que están aún por otorgar.El futuro holding industrial estará constituido por ACESA, con unos recursos propios de 140.000 millones de pesetas, en la que la participación conjunta de las dos cajas asciende al 46,2%; Autopista de Terrassa-Manresa (AUTEMA), en la que participan con el 10%; Autopista del Garraf (AUCAT), donde su participación es del 25%, y Túnel de Cadí, sociedad en que la participación de las dos cajas se eleva al 61,5%. La capacidad de generación de recursos de ACESA permitirá al grupo acometer importantes futuras inversiones en este mismo sector.

Torres Picamal, actual director general de Caixa de Barcelona, es un hombre de la máxima confianza. del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, desde la época de Banca Catalana. Torres fue uno de los socios que constituyeron las sociedades Acti y Plau, instrumentales de Banca Catalana, que intervinieron en operaciones estratégicass como las relacionadas con la compra por parte de La Caixa del paquete del 7% de Banca Catalana, 333.000 acciones que estaban en manos de estas sociedades.

Joan Torres Picarnal, de 53 años, intendente mercantil y diplomado por el IESE, inició su vida profesional muy joven. A los 16 años entró a trabajar en el Banco Hispano Americano. Dos años más tarde se incorporó a Caixa de Barcelona, donde permaneció hasta 1963. Después de una experiencia de seis años como consultor, se incorporó al Banco Industrial de Cataluña, donde fue nombrado subdirector general adjunto, banco que abandonó en 1977 para volver a Caixa de Barcelona. A raíz de la crisis de 1986, fue nombrado director general en sustitución de Andreu Buades, quien había remontado la entidad.

Josep Manuel Basáñez es un ingeniero industrial de reconocido prestigio profesional y ha sido profesor de Teoría de la Empresa en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica. Ha desempeñado diversos cargos en los departamentos de Enseñanza, Política Territorial y Economía y Finanzas, de cuyo departamento fue nombrado conseller en abril de 1987. Basáñez, que es burgalés, milita en Convergéncia Democrática de Catalunya desde el día siguiente al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Recientemente fue nombrado presidente de la sociedad que gestionará el mercado de futuros de Barcelona. Hace dos meses se daba por seguro su nombramiento como presidente de la sociedad concesionaria del Túnel del Cadí, en sustitución de Eusebi Díaz Morera, que fue relegado del puesto por presiones directas de Jordi Pujol. Sin embargo, el nombramiento de Basáñez como director general de ACESA hace bastante improbable que se materialice este plan inicial.

Máxima celeridad

Los planes para formalizar la fusión de La Caixa y Caixa de Barcelona prevén que las gestiones se desarrollen con la máxima celeridad. En una primera etapa se constituirán diversas comisiones de trabajo para preparar la integración en las activiades y sectores básicos de las dos cajas, tales como informática, redes de oficinas, personal y empresas participadas. Los trabajos previos de estas comisiones deberán ejecutarse entre los meses de septiembre y octubre próximos.

En una segunda etapa, que se iniciara a partir de noviembre, se elaborarán los estatutos para constituir los órganos de gobierno de la futura caja. Existen dos alternativas. Si no se impugna el reglamento de la ley de cajas -que debía ser aprobado ayer por el Consell Executiu de la Generalitat-, los nuevos estatutos permitirán constituir un consejo y una asamblea definitivos. Sí el reglamento es impugnado, se constituirían igualmente unos nuevos órganos rectores, pero con carácter provisional.

De acuerdo con las previsiones realizadas, la nueva caja podría funcionar con sus organismos directivos a partir de la primavera de 1990, lo cual constituiría todo un récord de celeridad en un proceso de este tipo.