Baltasar Garzón: "El Gobierno no puede volver a negociar con ETA"

ENVIADO ESPECIAL, El magistrado Baltasar Garzón -el juez que ha instruido el sumarlo sobre los GAL y los policías José Amedo y Michel Domínguez- declaró ayer, durante su intervención en la Convención Extraordinaria de la Juventud que se celebra esta semana en la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo, que el Gobierno no puede volver a negociar con ETA porque los propios etarras han cerrado esa vía tras el fracaso de las conversaciones de Argel.

Para el magistrado, ETA ha perdido cualquier vestigio de credibilidad, y por ello la posible solución para erradicar la violencia debe pasar por los partidos como representantes de la voluntad popular.La intervención del juez español será incluida en la Declaración Universal de la Juventud, que consistirá en una nueva redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en agosto de 1789.

Garzón explicó que considera que ETA, de ser una organización que aparentemente luchaba por un determinado ideal con medios ilícitos, se ha convertido -quizá siempre lo fue, matiza el juez- en una simple organización criminal y en una máquina de matar, y como tal es incapaz de evolucionar o de reconducir su actividad violenta a otra de tipo político.

Tras precisar que ETA ha perdido apoyo popular directo tras una serie de atentados, el magistrado dijo: "Nunca ya deberá propugnarse tipo alguno de negociación o pacto con una organización criminal que ha anulado su propia capacidad de negociar políticamente". Garzón añade que "si para conseguir la erradicación del terrorismo a largo plazo se precisa llegar a ciertos acuerdos, deberán ser las fuerzas políticas las que inicien las conversaciones, establezcan las bases y concluyan los acuerdos para que esa finalidad se cumpla.

El magistrado señaló que en España no se obtendrá una solución definitiva al problema del terrorismo de ETA hasta que el pueblo vasco quiera acabar con él.

Garzón resaltó que, en su opinión, en la lucha contra ETA, a corto plazo sólo caben medidas policiales y judiciales además de la cooperación entre Estados y que Francia suprima de una vez cualquier matiz político de la actividad de ETA eliminando la carta de refugiado para sus miembros. A medio plazo, y sin dejar de actuar en el plano policial y judicial, es preciso, según el magistrado, abordar definitivamente la solución política del problema, mientras que, a largo plazo, se ha de tratar de concienciar a la sociedad vasca que se pueden mantener opciones nacionalistas más o menos radicales dentro del marco jurídico de la Constitución y del Estatuto de Gernika.

En cuanto al terrorismo de Estado, Baltasar Garzón afirmó que éste no puede existir en una sociedad democrática. Y destacó que no hay razón de Estado que pueda imponerse a la razón democrática de los ciudadanos. Para Garzón, en un Estado democrático, el terrorismo ejercido desde el poder va contra la propia esencia democrática que lo sustenta y supone una clara quiebra del Estado de Derecho.

Por otra parte, el portavoz del Gobierno vasco, el socialista José Ramón Recalde, calificó ayer de lógicos los contactos entre el Gobierno y miembros de HB "sobre todo cuando se trata de que este partido tome conciencia de la pérdida de conexión que ha tenido con el pueblo, como consecuencia de su actitud ante el terrorismo, informa Pedro Gorospe. Para Recalde "HB tiene que llegar a la conclusión de que desde la ruptura de las últimas conversaciones entre ETA y el Gobierno, hasta este momento, los presos llevan ya prácticamente seis meses de cárcel".