Un informe indica que el canon del agua debe subir un 3,89 % anual para costear el saneamiento de Madrid

El recargo aplicado en los recibos del agua para hacer frente a los gastos del Plan del Saneamiento Integral de Madrid (PSIM) debería crecer un 3,89% cada año, según un informe encargado por el Ayuntamiento a la empresa Arthur Young. La auditoría se encargó en julio de 1988, a raíz de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el incremento del canon de 1983 -de 11,60 a 29,60 pesetas por metro cúbico-, y poco después de que se supiera que el Ayuntamiento, en 1986, había subido de nuevo el canon sin dar publicidad al hecho. El PP quiere sustituir el canon por una tasa de saneamiento.

El estudio financiero, que se adjunta a una auditoría sobre la situación presupuestaria del PSIM indica que, para sufragar los gastos de mantenimiento, obras de reparación y sustitución de materiales con una antigüedad de más de 50 años, sería necesario incrementar en un 3,89% anual el canon del agua. En la actualidad se esta pagando por este concepto entre 31,38 pesetas y 37,59 pesetas por metro cúbico de agua utilizada, variando el importe en función de la cantidad consumida.Para llegar a esta conclusión la empresa auditora ha calculado una tasa del 13% como interés de los préstamos pendientes, una tasa de inflación del 4%. anual y un mantenimiento del consumo de agua.

El aumento del canon se vió rodeado de una intensa polémica al saberse que el Ayuntamiento ya lo había subido un 27% en 1986, sin dar publicidad, y a raíz de que, el 10 de mayo de 1988, el Supremo dictaminara que el incremento -aprobado por el Consejo de Ministros en 1983-, era nulo de pleno derecho.

En aquella fecha la tarifa pasó de 11,60 a 29,60 pesetas por metro cúbico de agua consumida. La razón alegada por el Tribunal Supremo, ante el que el Ayuntamiento recurrió posteriormente, fue que la decisión del Gobierno había sido adoptada sin que el Ministerio de Obras Públicas redactara el preceptivo informe.

Oferta de Leguina

La oposición municipal cuantificó entonces entre 11.000 y 20.000 millones de pesetas lo que el Ayuntamiento había cobrado indebidamente a los madrileños desde 1983.

Tras el debate municipal de julio de 1988, el presidente regional, Joaquín Leguina, ofreció al Ayuntamiento que el Canal de Isabel II se hiciera cargo de las instalaciones y la gestión del PSIM, lo que permitiría suprimir el canon. Las negociaciones iniciadas entonces entre Juan Barranco y Leguina no se plasmaron en nada concreto.

La auditoría hecha pública ahora abarca la situación económica del PSIM desde 1978 hasta finales de 1988. El informe de la empresa indica que todos los documentos analizados han sido debidamente cumplimentados y tienen los requisitos formales. "La empresa ha ratificado como correctas tanto la gestión económica y financiera como el análisis de costes sobre el que se fijaron las tarifas", asegura Alfredo Tejero, responsable socialista de Hacienda cuando se encargó la auditoría. "Los defectos encontrados no tienen ninguna importancia", afirma.

No opina lo mismo Izquierda Unida, grupo para el que los defectos encontrados en la auditoría indican que los sistemas contables y de gestión han sido muy deficientes, no ha existido un control interno y no se ha cumplido el principio de la especialidad presupuestaria.

Para ello IU se apoya en los defectos recogidos por la auditoría, tales como la agrupación en una sola partida de más de 200 pagos de obras de colectores o las críticas que los auditores realizan por contabilizar menores importes contraídos como "economías de ejercicios anteriores".