El juez ordena al director de la cárcel de El Dueso que se dé el permiso a Fernández Cerrá

El juez de vigilancia penitenciaria de Santander ha acordado no resolver sobre un permiso de seis días al recluso ultraderechista José Fernández Cerrá, condenado por su participación en la matanza de Atocha. El juez alega que la decisión de su compañera de Valladolid es firme, y ordena al director de la cárcel de El Dueso que la cumpla. La fiscal no recurrirá, y Justicia teme que el ultra se fugue durante el permiso.

La puesta en libertad de Fernández Cerrá fue decidida por la juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, Rosa María Rodríguez, el 6 de junio último, contra el acuerdo denegatorio adoptado por la junta de régimen de la cárcel de Valladolid, donde se encontraba recluido. Frente al criterio de que los permisos penitenciarios son potestativos, la juez afirmó: "Los permisos de salida constituyen un derecho subjetivo de los interesados, basado en que la comunicación humana es una necesidad, que tiene su origen en la propia dignidad de la persona humana ( ... ) y en que sería incongruente con la resocialización como meta de las instituciones penitenciarias".En su recurso, el fiscal alegó la larga condena que pesa sobre Fernández Cerrá -197 años [el máximo que se cumple, son 30 años]- y la trascendencia social del delito que cometió. Antes de que la juez confirmara el permiso, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias trasladó a Fernández Cerrá a la central de observación de la cárcel de Carabanchel, en Madrid. Comunicado el caso a la juez de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid, Manuela Carmena, ésta se inhibió, dada su vinculación con los abogados asesinados el 24 de enero de 1977.

El 27 de junio último llegó a la prisión de Carabanchel la comunicación de la concesión definitiva del permiso, una vez desestimado el recurso del fiscal. Una semana después, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias trasladó a Fernández Cerrá a la cárcel de El Dueso, en la confianza de que los criterios más estrictos del juez de vigilancia penitenciaria de Santander asegurarían su permanencia en prisión. No ha sido así. El juez de Santander ha alegado la firmeza del permiso concedido por su compañera de Valladolid. La fiscal tampoco ha recurrido.

Las 'razones' de los traslados

Mientras tanto, ayer llegó un oficio al Ministerio de Justicia, procedente del juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid, en el que se requiere al director general de Instituciones Penitenciaria, Antoni Asunción, para que "informe detalladamente de las razones que han impedido" el cumplimiento de las resoluciones judiciales por las que se concedía el permiso, así como "sobre las razones que se tuvieron en cuenta para ordenar" el traslado del interno a Madrid.El escrito remitido por el juzgado de Valladolid va encabezado con el escudo de España preconstitucional, bajo el que se lee: "Juzgado Especial de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Valladolid". El Ministerio de Justicia ha remitido una copia de este oficio al Consejo General del Poder Judicial. Fuentes del departamento señalaron que si el poder judicial insiste, Fernández Cerrá disfrutará su permiso, con el riesgo de que se fugue.