Francia pone en libertad al 'gerente' de ETA mientras el juez Garzón pide su detención

El presunto máximo responsable de las finanzas de ETA Militar y número tres de esta organización terrorista, Eloy Uriarte, Señor Robles, detenido en Bayona (Francia) hace tres días, fue puesto ayer en libertad, después de que el juez Michel Legrand optara por inhibirse del caso. Uriarte ha sido confinado en el departamento de Dordoña, al este de Burdeos, una medida administrativa que no le ha impedido regresar anteriormente al País Vasco francés. El juez Baltasar Garzón, que ayer dictó orden internacional de detención e inició la solicitud de extradición de Uriarte, reprodujo la petición de captura 14 horas después, al conocer por los medios de comunicación que el etarra había sido puesto en libertad.

Fuentes consultadas por este periódico señalaron que Señor Robles se encontraba ya en Perigueux, capital del departamento administrativo de Dordoña. El confinamiento no implica más restricción a la libertad de movimientos que el mantenerse dentro de los límites geográficos de la región asignada y comparecer diariamente en la comisaría local. La decisión de Michel Legrand de inhibirse a favor del tribunal de Bayona resulta paradógica, toda vez que Eloy Uriarte ha sido detenido en el marco de la investigación judicial promovida, precisamente, por el propio juez francés, a raíz de la incautación de parte del rescate pagado por la liberación del empresario Emiliano Revilla. El tribunal de Bayona, que ha permanecido al margen de ese sumario, ha optado también por abstenerse de inculpar al presunto número tres de ETA .Queda el interrogante por esta conducta, junto a la constatación de que ninguna instancia judicial francesa se ha mostrado dispuesta a considerar, siquiera como elemento indiciario de prueba, el hecho de que el dirigente de ETA Militar ocultara en la casa de Bayona en la que fue detenido, cerca de 250 fichas de empresas y de personas del mundo financiero y de la alta sociedad española. También resulta poco comprensible que José Oliden, el propietario piso situado en el número 7 de la calle Thiers de Bayona, haya sido puesto en libertad a las 24 horas, existiendo, como existe, el precedente de condenas a ciudadanos franceses que albergaron a activistas de ETA.

Algunas fuentes apuntaban ayer a la posibilidad, desacreditada por los antecedentes, de que la puesta en libertad de Eloy Uriarte responda al propósito de preservar a un posible interlocutor en un posible intento negociador con ETA, versión que rechaza el Ministerio del Interior.

Según estas fuentes, la decisión de Michel Legrand repercutirá notablemente en el ánimo de la policía francesa, particularmente en la PAF (Policía del Aire y de las Fronteras) en la medida en que la captura del tesorero de ETA ha sido el resultado de una investigación iniciada seis meses atrás.

Fondo de información

La documentación incautada a Señor Robles, apodo bien conocido por los cientos de empresarios vascos sometidos al chantaje de ETA, constituye, aparentemente, el fondo de información con que contaba la organización terrorista para seleccionar su objetivos. El archivo está formado por unas 200 fichas mecanografiadas en las que figura el nombre de la empresa, su actividad y las personas que componen el consejo de administración, así como carpetas con recortes de prensa sobre movimientos y actividades y capital de personas del mundo de la banca, la industria y la alta sociedad española.

El listado de nombres, que incluye a Isabel Preysler, no está acompañado de anotaciones que inviten a pensar en la posibilidad de una acción inminente contra estas personas, pero muchas de estas fichas incluyen fotografías de prensa de los personajes.

Los mecanismos legales para conseguir la entrega del etarra fueron iniciados por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien a primeras horas de la mañana de ayer dirigió un escrito al juez Garzón, en el que le instaba a que tramitase la petición de extradición del número tres de ETA, informa José Yoldi. La petición se refería únicamente al proceso que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 1 por los papeles de Sokoa, en el que Uriarte se encuentra procesado por delito de pertenencia a banda armada, en calidad de dirigente de la organización. Este cargo supone una condena en España de prisión mayor en su grado máximo (entre 10 y 12 años).

Fungairiño explicó que la fiscalía de la Audiencia Nacional estudia instar otra petición de extradición por un sumario abierto en 1984, pero que se refiere a hechos de 1981, en el que un miembro de un comando dijo que Uriarte había sido su instructor en unos cursillos de adiestramiento realizados en el extranjero. Garzón dictó una resolución en la que solicitaba la extradición a través del presidente de la Audiencia Nacional, el ministro de Justicia y el de Asuntos Exteriores.

Asimismo, envió un fax a las autoridades francesas en el que ordenaba su detención internacional previa a la presentación de la solicitud de extradición. El fax fue remitido a las 10.06 horas y los franceses acusaron recibo a. las 12.19. Sin embargo, el etarra fue puesto en libertad aunque le han fijado la residencia en la localidad de Perigueux, próxima a Burdeos.

Segunda orden de detención

El juez, al tener conocimiento por los medios informativos de que Señor Robles había sido puesto en libertad, remitió un nuevo fax en el que instaba a que el dirigente etarra fuera detenido, ya que legalmente no puede quedar en libertad puesto que tiene pendiente una petición de extradición.

Fuentes de la lucha antiterrorista española manifestaban que el juez de Bayona había buscado una fórmula especial para, al no poder retener durante más tiempo a Uriarte por la inconsistencia de los elementos probatorios, mantenerle bajo control hasta que reciba la petición de extradición española, informa Francisco Mercado.

En ese sentido, estas fuentes tenían noticia de que el juez aplicará medidas suplementarias de vigilancia sobre Señor Robles para evitar que abandone su lugar de confinamiento. Fuentes de la lucha antiterrorista francesa también apuntaban que este terrorista será objeto de " supervigilancia". Fuentes policiales españolas, al tiempo que mostraban su confianza en que se conceda la extradición de Uriarte, recordaban que Legrand abandonará en septiembre su puesto de coordinador de la lucha antiterrorista y veían lógico que vaya "soltando casos".