El fiscal imputa siete detenciones ilegales a los Mossos d'Esquadra

La fiscalía de Barcelona ha acusado de siete delitos de detención ilegal a dos de los máximos responsables de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat y a un agente de la policía autonómica por retener en 1984 a siete miembros de la secta Ceis (Centro Esotérico de Investigaciones) en contra de su voluntad.La acusación se ha formulado contra Lluís Renau y Carles Torras, director y subdirector respectivamente de Seguridad Ciudadana de la Generalitat cuando ocurrieron los hechos, así como contra el mosso d'esquadra, Antoni Tarrida.

Ahora, la fiscalía pide, en el trámite de calificación provisional, que cada uno de los tres procesados sea condenado a pagar una multa de 1.400.000 pesetas. El procedimiento judicial se inició en el año 1984 como consecuencia de una operación realizada por la policía autonómica, cuerpo que recibió denuncias de familiares de jóvenes adeptos a la secta.

Los familiares de éstos aseguraron que los dirigentes de Ceis dominaban la mente de sus hijos a los que, en algunos casos, indujeron presuntamente a la prostitución.

Los máximos responsables de Seguridad Ciudadana decidieron infiltrar a un mosso d'esquadra en la secta con la finalidad de comprobar las acusaciones y posteriormente comunicaron el resultado de la investigación a la autoridad Judicial. El juez ordenó en junio de 1984 el registro en los pisos de la secta y la detención de 14 adeptos.

Desprogramar

Otros siete miembros de la secta fueron conducidos por los mossos a las dependencias de la Seguridad Ciudadana y una vez allí, responsables de la policía autonómica y familiares de los adeptos a la secta los trasladaron a un hostal, situado fuera de Barcelona, con objeto de desprogramar sus mentes.

Al hostal fueron trasladados de forma individual y en coches oficiales el 21 de junio y permanecieron retenidos en contra de su voluntad por espacio de ocho días.

De acuerdo con la calificación de la fiscalía, los familiares creyeron que su actuación era correcta y que los responsables de la policía autonómica contaban con la autorización judicial, hecho que resultó no ser cierto, dado que el juez del caso, César Plana, advirtió que los jóvenes debían ser internados en un centro psiquiátrico pero subrayó que voluntariamente. Cuando concluyó la retención, los jóvenes presentaron una querella contra la Generalitat.