De espaldas al mar

La ley de Ordenación de la Marina Mercante, primer paso para configurar la Administración marítima

Más de 500 departamentos, distribuidos entre 13 ministerios, tienen competencias admininistrativas en el sector marítimo. España, con la mayoría de sus fronteras lindando con el mar y Estado líder en la época de los grandes descubrimientos geográficos, no tiene Administración marítima civil. Un primer paso para remediar esta situación es la ley de Ordenación de la Marina ercante, en proceso de estudio entre los departamentos afectados y que el director general de la Marina Mercante, Rafael Lobeto, espera sea aprobada por las Cortesen esta legislatura.

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Las claras deficiencias de la administración marítima se hacen palpables y llegan a la opinión pública cada vez que se produce un accidente en las costas españolas. El pasado 5 de junio, el auto dictado por el titular del Juzgado número 1 de San Roque (Cádiz), Ramón Sáez, puso de manifiesto la cadena de imprudencias de la autoridad marítima en el accidente ocurrido en la bahía de Algeciras en el que perecieron 32 personas, tras la explosión, en mayo de 1985, del petrolero de bandera panameña Petrogen ONE y el buque español Camponavia.El secretario general del Colegio Oficial de la Marina Mercante Española, Joaquín Buelga, se queja de la falta de sensibilidad política respecto al tema marítimo: "El programa electoral del PSOE de 1982 en política de transportes nos hizo concebir ilusiones. La Marina Mercante, con rango sólo de dirección general, tiene menos presupuesto y peso que en otros países donde es una secretaría de Estado o un ministerio. Nosotros hablamos de un departamento de Marina Civil que englobe además de la marina mercante, la marina deportiva y de pesca. La gestión portuaria y la lucha contra la contaminación entraría en las competencias de ese Ministerio del Mar".

Para el secretario del Colegio de la Marina Mercante es muy importante la creación de un ministerio que agrupe todas las competencias. Sin embargo para el director general de Marina Mercante, Rafael Lobeto, lo principal es el modelo administrativo. "Para empezar a organizarnos lo de menos es el rango administrativo. Hay que tener en cuenta que no hay ni funcionarios, no hay una administración marítima".

Nuevo organigrama

Lobeto explica cuál es en estos momentos la situación: "Tratamos de ejecutar el programa de política marítima del PSOE, que se concreta en los siguientes puntos: Reforma de la Dirección General de la Marina Mercante con un nuevo organigrama. En segundo lugar, hay una propuesta de coordinación de la Secretaría General de Pesca, de la Dirección General de la Marina Mercante y del Instituto Social de la Marina para la utilización conjunta demedios. En tercer lugar, está la reforma de la legislación marítima; la Ley de Ordenación de la Marina Mercante se encuentra ya en proceso de estudio entre los departamentos afectados y esperamos que se apruebe en esta legislatura".

La ley aclara el marco de competencias, define el modelo de organización, establece las líneas de política marítima, y traslada al marco interior los compromisos internacionales y comunitarios. Se establece un marco sancionador. Actualiza toda el área de marina mercante y crea los cuerpos civiles marítimos.

Buelga considera que en los puertos las tareas de regulación del tráfico, seguridad y señalizacion tienen que hacerlas los marinos: "Las capitanías de puerto están a cargo de un comandante militar de marina que tiene múltiples competencias: además de la defensa de la nación, es capitán del puerto, delegado del Ministerio de Transportes y representante del Ministerio de Agricultua, Pesca y Alimentación. Estas dos últimas competencias no se corresponden con la realidad de nuestro país. En toda Europa lo llevan civiles".

La desmilitarización es una aspiración vieja de los marinos. En 1932, durante la Segunda Republica, se creó el cuerpo de servicios marítimos y la Subsecretaría de la Marina Civil. "Marina civil es el nombre que ahora reivindicamos", dice Buelga, que añade: "A pesar de que el PSOE en su programa electoral de 1982 reconocía que era una vergüenza que en los años ochenta se reivindicase todavía lo de los años 30 no ha hecho nada aún".

Buelga explica cómo después de años intentando sensibilizar a la clase política de los males del mundo marítimo español se consiguió que el Gobierno crease en diciembre de 1984 la Comisión Interministerial de Estudios y Reforma de los Organos de la Administración del Estado Competentes en Materia de Actividades Marítimas (Cominimar). "En ella participaron 12 ministerios", dice. "Se formaron cuatro grupos de trabajo: para delimitar las competencias civiles y militares; para inventariar el funcionariado; para la ordenación portuaria y un cuarto para la creación de un servicio de salvamento y vigilancia".

Conclusiones

La Comimmar finalizó su trabajo en 1986 y elevó al Gobierno unas conclusiones y recomendaciones. Buelga se queja: "Hubo sensibilidad en crear esa comisión pero una vez hecho el diagnóstico de la situación no se hizo nada."

Andoni Lecertúa, miembro de la secretaría general del Sindicato Libre de la Marina Mercante, coincide con Buelga al señalar los muchos males de la administración marítima: "Se producen una serie de interferencias: los comandantes militares de marina son delegados territoriales del Ministerio de Transportes. Los militares no dan un enfoque civil a los temas de seguridad". Y añade: "La inspección de Trabajo no funciona para hacer cumplir las condiciones de Seguridad e Higiene".

"En cuanto a la seguridad en los puertos", dice Lecertúa, "la administración marítima no tiene casi rnedios". "En lo relativo a salvamento, falta coordinación".

Lecertúa se muestra partidario de crear un cuerpo general de marinos civiles: "No existe el funcionariado. Tenemos sólo algunos contratados. No hay cumplimiento de los acuerdos internacionales. Existe la obligación de inspeccionar un 30%. de los buques que llegan a puerto y sólo se inspecciona el 5%. No cubrimos las cotas europeas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 09 de julio de 1989.

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