El alcalde de Burgos prefiere no opinar sobre su procesamiento por estafa

El alcalde de Burgos, José María Peña, rehusó ayer comentar su procesamiento en relación con una querella criminal interpuesta por una empresa de publicidad burgalesa que le acusa de los delitos de estafa, falsedad de documento público, prevaricación, amenazas y otros delitos por los que la acusación particular solicita, por cada uno de ellos, siete años de inhabilitación en el cargo.

El auto dictado por la titular del juzgado número 4 de la Audiencia provincial de Burgos, Berta Santillán, viene acompañado de los escritos de la acusación particular y el ministerio fiscal que coinciden que en los hechos denunciados hay indicios de delito. Ambos solicitan la inhabilitación en el cargo.Los hechos que han dado lugar a la apertura de juicio oral, lo que anteriormente se denominaba auto de procesamiento, se remontan a 1986 cuando el alcalde, poco antes de las elecciones generales, ordenó arrancar las vallas publicitarias de la empresa Castellana de Publicidad sin efectuar requerimiento o expropiación alguna. Tras numerosas sentencias judiciales favorables a la empresa, que el ayuntamiento se negó a ejecutar, la situación volvió a repetirse en 1987 en plena campaña de las municipales. El ayuntamiento volvió a arrancar la mayoría de las vallas situadas en terreno privado por Castellana de Publicidad y las sustituyó, a pocos metros, por otras en las que figuraba propaganda electoral de Solución Independiente, el grupo encabezado por el alcalde, de signo conservador.

Estafa y prevaricación

Al gerente de la empresa Castellana de Publicidad, Antón Peña, lo único que le choca es que el fiscal en su escrito "sólo recoja el delito de desobediencia a la autoridad judicial, que no es menos evidente que el de estafa, prevaricación y coacciones que adjunta la acusación particular".

En 1985, según Antón Peña, el ayuntamiento sacó de repente a concurso la instalación de vallas publicitarias en terrenos públicos o patrimoniales.

"Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando vimos que salían a concurso todas nuestras vallas situadas en terrenos privados con cuyos propietarios teníamos el correspondiente acuerdo. El concurso, lógicamente, fue un desastre; todos los posibles interesados se dieron cuenta de que se estaba ofertando un terreno que no era propiedad pública. Consecuentemente, no se presentó nadie y quedó el concurso desierto", explica este directivo.

A partir de aquí empezó lo que Antón Peña considera una auténtica persecución a su empresa por parte del ayuntamiento. "Empezamos a recibir cartas amenazadoras para que quitásemos las vallas, a lo que nos negamos, y de repente, en junio de 1986 el alcalde ordenó que las arrancasen".

La empresa acudió a los tribunales, que le dieron la razón e instaron al ayuntamiento a reponer las vallas, cosa que no hizo, por lo que fueron repuestas por la propia empresa. La situación se repitió en 1987, a pocas fecha de las elecciones municipales. "Nos volvieron a quitar", dice Peña, "prácticamente todas las vallas, que quedaron considerablemente averiadas".

El Juzgado dió nuevamente la razón a la empresa e impuso al ayuntamiento una indemnización de 60 millones de pesetas, "que no sólo no ha hecho efectiva, sino que nos mandó una providencia de embargo en la que nos pedía 30 millones por conceptos ya liquidados en su mayor parte".