Los policías Amedo y Domínguez, procesados por primera vez por un asesinato consumado

Los policías José Amedo y Michel Domínguez fueron procesados ayer por primera vez como autores de un asesinato consumado. La Audiencia Nacional, de acuerdo con el informe-propuesta realizado por el juez Baltasar Garzón, ha considerado que existen indicios racionales de criminalidad en la participación de los dos agentes en el atentado ocurrido en Hendaya el 24 de julio de 1987, en el que resultó muerto Juan Carlos García Goena. El tribunal señala que el crimen fue perpetrado por los GAL y que Amedo y Domínguez actuaron "con ocasión del ejercicio de sus funciones".

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El tribunal no se ha pronunciado sobre los procesamientos de Miguel Planchuelo y Jesús Martínez Torres, superiores jerárquicos de los acusados, que habían sido solicitados por los abogados de la acción popular. Los magistrados Juan Manuel Orbe, Roberto Hernández y Alfredo Vázquez Ribera explican en su resolución que estudiarán las peticiones y que resolverán cuando proceda.En el auto de procesamiento de los policías se ha decretado nuevamente su prisión incondicional. Esto impedirá que Amedo y Domínguez abandonen la cárcel de Guadalajara, aun en el hipotético caso de que el tribunal accediera a concederles la libertad en el sumario matriz, en el que se investigan sus relaciones con los GAL y por el que ya han pasado un año en prisión preventiva. Al ordenar la prisión los magistrados destacan la gravedad del asesinato, la intervención que los acusados tuvieron en los hechos y el reproche social que acarrean.

Los delitos por los que han sido procesados los dos policías son: asesinato consumado, estragos, dos falsificaciones de documentos de identidad y dos delitos de uso público de nombre supuesto. Amedo y Domínguez estaban ya procesados por integración en banda terrorista, seis asesinatos frustrados y otros delitos menores en el sumario matriz de los GAL, en el que se investiga también los atentados contra los bares Batzoki y Consolatión del sur de Francia.

Los agentes no han sido procesados por tenencia de explosivos (las amantes de ambos han declarado ante el juez que les vieron confeccionar el arte facto en el domicilio de una de ellas), ni por delito contra la Administración de Justicia (las coacciones a María Ángeles Balsategui, novia de Domínguez, para que testificara en falso), que también habían sido solicitados.

Por las presiones a Balsategui para que cometiera falso testimonio estaba ya procesado el industrial Francisco Paesa que se encuentra huído. Paesa fue procesado por delitos de colaboración con banda armada, contra la Administración de Justicia y uso público de nombre supuesto.

Indicios de un crimen

Los hechos, según los cuenta el tribunal en la resolución, son los siguientes: El 22 de julio de 1987, los funcionarios de policía afectos a la Jefatura Superior de Bilbao José Amedo y Michel Domínguez trasladaron al domicilio de Inmaculada Gómez (unida sentimentalmente a Amedo) un paquete que contenía un artefacto explosivo. Al día siguiente, sobre las 23 horas, los encausados salieron del citado domicilio llevando el paquete, con el fin de entregarlo a personas desconocidas para que lo colocasen en el automóvil de un ciudadano vasco residente en territorio francés, para causarle la muerte.

El 24 de julio, miembros de los GAL instalaron el artefacto, sujeto con imanes a los bajos del coche marca Citroën, modelo Dyanne 6, con matrícula francesa, que estaba estacionado en la calle Chapienia de Hendaya (Francia). Cuando su propietario, Juan Carlos García Goena, accionó la llave de contacto para ponerlo en marcha, la bomba hizo explosión, destrozando el vehículo y causando la muerte instantánea del refugiado.

Amedo utilizó por esas fechas para no ser identificado documentación falsa a nombre de Miguel Ángel Moreno Romero, y Domínguez, al de Alfredo González Fraile.

En el auto se ha fijado una fianza de 15 millones de pesetas para cada uno de los agentes para hacer frente a las indemnizaciones que pudieran declararse por la muerte de García Goena. El juez ya hizo constar en su informe que la víctima no tenía ninguna relación con ETA, sino que había huído a Francia para no cumplir el servicio militar.

El tribunal no ha declarado todavía en este caso al Estado como responsable civil subsidiario. Sin embargo, fuentes jurídicas consideran que no habrá problemas para esa declaración, puesto que los magistrados han especificado que Amedo y Domínguez actuaban en su calidad de policías.

El juez Baltasar Garzón tiene previsto acudir hoy a la cárcel de Guadalajara para notificar los procesamientos a los policías y tomarles declaración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 30 de junio de 1989.

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