Un juez descubre una residencia de ancianos en la que se internaba ilegalmente a enfermos mentales

Un juez ordenó el lunes el traslado de 16 enfermos mentales de la residencia geriátrica Vallvidrera, en Barcelona, donde convivían con ancianos a los que en ocasiones atacaban. El juez Josep Maria Pijoan dictó un hábeas corpus por considerar que se había producido una detención ilegal de los enfermos mentales, ya que fueron internados sin autorización judicial. La irregularidad fue descubierta el domingo, cuando el juez fue a levantar el cadáver de una mujer que se suicidó. Cuando el juez estaba en la residencia, un anciano se le acercó y le dijo: "Aquí pegan; nos pegan".

El domingo, tanto el juez como la fiscal, Teresa Compte, se dirigieron al personal del centro para preguntar sobre el comentario que progresivamente les iban haciendo más ancianos, que insistían en que les pegaban. Así descubrieron que el centro tenía una planta baja a la que se accedía por una puerta cerrada con llave. Cuando fue abierta, vieron que había dos pabellones, uno de mujeres y otro de hombres y que ambos se caracterizaban por la suciedad y la dejadez, situación que fue calificada ayer por el juez como "sórdida". La residencia Vallvidrera es privada y su cuota mensual oscila entre las 75.000 y las 250.000 pesetas.Este espacio estaba ocupado por una veintena de personas que, en principio, se suponía que todos eran ancianos, pero entre ellos el juez vio un grupo de cinco o seis cuyas edades oscilaban entre los 30 y los 40 años.

Algunos de los internados hablaron con el juez y la fiscal y les contaron que fueron ingresados por sus familias y que, con anterioridad, habían permanecido en centros psiquiátricos. El juez reclamó su historial médico. En ellos se recogen diagnósticos como "esquizofrénico", "paranoide o psicótico".

En total, 16 personas estaban ingresadas como ancianas siendo, en realidad, enfermas mentales. En ningún expediente se halló la autorización judicial del internamiento, requisito obligatorio por ley.

El director de la residencia, Francisco Jodar, manifestó a las preguntas que le hizo el juez que ignoraba la obligatoriedad de comunicar un internamiento psiquiátrico a la autoridad judicial. También dijo que no comunicó al juzgado las lesiones sufridas por algunos de los ancianos agredidos, porque tampoco sabía que estaba obligado a ello. Jodar no pudo ser localizado ayer por este periódico para conocer su versión.

"Ese, ése me pegaba"

Por todo ello, el juzgado dictó un auto de habeas corpus -detención ilegal- y ordenó la salida de los enfermos mentales para que fueran internados en centros adecuados. Finalmente, ingresaron en el instituto Frenopático de Barcelona. El juez ha abierto también una investigación por la vía penal contra el responsable del centro, Francisco Jodar, por los presuntos delitos de detención ilegal y de omisión del deber de denuncia.Mientras el juez y la fiscal hablaban con los internados, algunos de los ancianos insistían en que eran agredidos y señalaban a los autores de las lesiones. "Ése, ése me pega", dijo uno de los ancianos, señalando a un hombre de nombre Francisco y afectado por un transtorno mental. Y Francisco lo admitió, a la vez que explicaba al juez que no lo podía evitar. Otro abuelo intervino: "A mí también me has pegado". "¿A tí también? Pues no me acuerdo", contestó Francisco.

Varios de los ancianos insis tían en repetir un nombre, el de un hombre apellidado Pallarés. Ante tanta insistencia, el juez requirió que le indicaran quién era. A Pallarés lo encontraron con la cara con múltiples hema tomas en una habitación sucia y con malos olores.

La residencia está situada en el número 23 de la calle Algarbe de Vallvidrera y sobre la verja hay un rótulo que dice Hotel Vallvidrera. En total, cerca de 70 personas estaban internadas hasta el pasado lunes Durante la intervención judicial se descubrió que el centro solicitó una licencia de apertura para dedicarse a la cura de alcohólicos y que, más tarde, solicitó una ampliación para convertirse en un geriátrico. En cualquier caso, la residencia no estaba autorizada como centro psiquiátrico.

El inmueble tiene tres plantas y un sótano con salida al exterior. Esta última parte era la destinada a los enfermos mentales aunque, según el centro, a esa sala iban los internos más problemáticos". Las plantas superiores estaban cuidadas, a diferencia de lo que ocurría en la del sótano en las que predominaba la suciedad y el olor a orina, según el juzgado.