España en Europa: esperanzas y problemas

Quizá la nota distintiva del programa del CDS radique en la permanente tensión que destila entre el propósito decidido de avanzar hacia la unión europea y la defensa de los grandes intereses nacionales, que pueden verse seriamente perjudicados si no se enfoca con acierto nuestra actuación en las instituciones comunitarias. Felipe González y el Gobierno del PSOE, presos de un europeísmo retórico, no han sido buenos gestores de los intereses españoles. Han carecido de un proyecto global para defenderlos, han estado demasiado preocupados por la configuración final de la CE y se han inventado una antítesis, todavía ficticia, entre el modelo conservador y el modelo progresista que oculta la verdadera tensión entre los países miembros más desarrollados y los menos desarrollados. La CE tiene hoy un presupuesto mínimo, que además no es redistributivo. El día que los socialistas alemanes o franceses defiendan que sus países -Francia y la República Federal de Alemania- deben aportar, en términos absolutos, más que otros al presupuesto comunitario para, por ejemplo, ayudar al desarrollo en Andalucía, Galicia, las Castillas, Canarias o Extremadura, y otras zonas desfavorecidas de Europa, ese día, y sólo ese día, se podrá hablar de que frente al mercado único de Thatcher se encuentra el modelo redistributivo, hoy inexistente y ni siquiera previsto, del que sin fundamento hablan los socialistas.España tiene su lugar más adecuado en Europa; en una Europa crecientemente institucionalizada a cuya construcción debe contribuir. Pero este horizonte, compartido hoy por todos, o casi todos, no exime; por el contrario, obliga a someter a discusión el transcurso del proceso mismo y su eventual culminación. El Acta única suscita una meditación que, afirmando como premisa mayor la necesidad de la unión europea, quiere dejar de lado cierto europeísmo ingenuo. En la CE, los socios más antiguos, que son también los más ricos, defienden palmo a palmo, con dureza, con tenacidad y sin complejos falsamente europeístas sus respectivos intereses nacionales.

Modificar comportamientos

El juicio que se hace hoy precisamente de la Comunidad Europea después de más de 30 años de existencia es que, globalmente, ha beneficiado más a los países de mayor desarrollo. La política de cohesión económica y social recogida en el Acta Única es en el fondo un reconocimiento explícito de ese hecho. El cambio de tendencia a que debe conducir en principio su aplicación equilibrada exige correlativamente un cambio de actitud básica en los países más desarrollados. Y mientras estos países no modifiquen, en términos reales, su comportamiento, tendremos que embridar el impulso europeísta, justo hasta el límite en que se pudieran empezar a producir daños irreversibles.

En estas premisas hay que situar la posición española, porque, en particular en los próximos años, se pueden originar daños irreparables. Y es obvio que no resulta posible limitarse a recurrir de manera sistemática o permanente a las cláusulas de salvaguardia o a solicitar un incremento gradual de los fondos estructurales que, además, no resolverán por sí solos ni el desequilibrio que hoy tiene la Comunidad Europea, ni menos aún paliarán los efectos negativos del reto de competitividad que tenemos ante nosotros.

Podría decirse que España, o mejor, la conciencia colectiva de los españoles, ha entrado en la Comunidad Europea con cuatro propósitos o esperanzas:

-Vivir en un sistema de libertades.

-Recuperar su atraso histórico y situarse entre los países más desarrollados, modernos y avanzados.

-Defender y proyectar su identidad y potencial cultural fortaleciendo los vínculos de Europa con la Comunidad Latinoamericana de Naciones.

-Resolver viejos pleitos históricos, como Gibraltar.

El proceso de integración de España en la Comunidad Europea y la evolución de la propia Comunidad Europea hacia su unión económica y política han de servir razonablemente a estos grandes intereses nacionales. De lo contrario, se podrá producir una frustración colectiva con consecuencias difíciles de calibrar. Lo que la Comunidad Europea no puede ser es un mecanismo de consolidación de España como país subordinado. O la Comunidad Europea sirve para desarrollar y modernizar España y elevar sustancialmente el bienestar de los españoles o Europa simplemente no llegará a ser la unión proyectada. Por eso, Centro Democrático y Social (CDS) entiende que es irrenunciable para cualquier Gobierno español defender en el marco comunitario esos intereses nacionales sin dejar de mirar el horizonte de la unión política europea.

Desde otra perspectiva y en síntesis, el salto cualitativo desde el Estado nacional hasta una cierta forma de unión de Estados europeos sólo podrá producirse si se avanza simultáneamente en tres frentes:

a) En la plena realización a escala europea de los valores democráticos y en el más amplio ejercicio por los ciudadanos europeos en cuanto tales de los derechos democráticos y de las libertades civiles.

b) En la construcción de instituciones europeas verdaderamente democráticas y representativas. En todo caso, la cesión de soberanía nacional a la Comunidad Europea desde los Estados sólo podrá hacerse a instituciones plenamente democráticas, y de ningún modo a estructuras burocráticas o a órganos técnico-políticos con capacidad decisoria, en los que acaban por predominar los intereses de los países más fuertes.

c) En la plena realización a escala europea de los valores que en los países comunitarios encarna el Estado social o el Estado de Bienestar. La cohesión social, el espacio social europeo o la política social común son conceptos cuya definición debe incluir, necesariamente, una dimensión redistributiva de la renta y de la riqueza a escala comunitaria.