La oposición está de acuerdo en tipificar como delito el cohecho cometido por políticos

Los partidos de la oposición han acogido favorablemente la iniciativa del Partido Popular (PP) de proponer un debate para incluir en el Código Penal como delito las prácticas de cohecho realizadas por cargos electos. El Grupo Socialista se muestra cauteloso. Actualmente el cohecho sólo está penado para los funcionarios públicos. El diputado del PP Manuel Renedo ha redactado una proposición de ley para que los políticos tengan penas mayores que los funcionarios. El presidente del PP, Manuel Fraga, declaró ayer que las investigaciones de su partido sobre sobornos políticos "se llevarán hasta el final".

La iniciativa del PP viene dada por el intento de soborno de dos diputados de la Asamblea de Madrid para que votaran a favor de la moción de censura contra el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, y en el deseo de los populares de aparecer alejados de toda sospecha. Por su parte, el secretario de Finanzas del PP, Rosendo Naseiro, citado como inductor de los sobornos en las cintas magnetofónicas de conversaciones divulgadas recientemente, manifestó ayer al ser preguntado por este periódico: "Yo no hago declaraciones porque soy un técnico". El comité permanente del Partido Popular estudiará el próximo día 12 en Valencia, presidido por Manuel Fraga, la iniciativa de Manuel Renedo, así como un informe jurídico constitucional del senador Antonio Hernández Mancha del que se deduce la posibilidad de modificar la ley electoral de manera que si un cargo público abandona voluntariamente su partido tenga que dejar su escaño, puesto de concejal o de diputado autonómico a la fuerza política por la cual resultó elegido.

La proposición de ley elaborada por Manuel Renedo añade a los artículos del Código Penal sobre el cohecho la regulación de este mismo delito para los cargos políticos elegidos por el pueblo. "Con la tipificación penal de estos hechos se trata de garantizar la dignidad de la vida pública y evitar la prostitución del servicio público", señala su preámbulo.

Renedo propone "que se agraven las penas previstas para cohecho en el caso de los políticos e incluyan los casos de soborno para contribuir a la obligatoria regeneración moral de la vida pública".

Imposición de penas

Cuando se trate de un soborno para realizar un acto delictivo la pena será de prisión mayor y multa del tanto al cuádruplo en función de la dádiva obtenida. En un segundo tipo penal se señala que si el acto no constituye delito pero el hecho es que se comete una acción injusta, se castigará con prisión menor y multa del tanto al cuádruplo. Si se trata de evitar con un cohecho que el cargo político "deje de hacer algo a lo que esté obligado", es decir, que no tome una decisión en virtud del cohecho, se castigará con prisión menor y multa del tanto al cuádruplo. Por último, en los casos en los cuales se trate de actos justos pero que se ejecuten previa corrupción, el político será objeto de arresto mayor y multas del tanto al duplo. Asimismo, Renedo propone una nueva redacción del artículo 391 del Código Penal por el que "a los que corrompen o intenten corromper a cargos públicos les recaerán las mismas penas que las que correspondieran a los cargos objeto de cohecho".

El presidente del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, manifestó a este periódico que la iniciativa del Grupo Popular "se estudiará, como todas, y se le intentará dar un tratamiento positivo". No obstante, matizó: "No hay que generalizar supuestos excepcionales ni crear estados de alarma para situaciones que está por ver si se han producido porque todavía los jueces no se han pronunciado. Creo que todos estos temas deben tener un tratamiento jurídico reposado y no de coyuntura".

Todas las fuerzas políticas de oposición, dado el ambiente que se respira debido a los intentos de soborno, muestran su disposición a atajar penalmente todo acto de soborno. El portavoz adjunto del CDS, León Buil, asegura que personalmente tiene un borrador de proposición de ley para penalizar estos casos, por lo que es obvio el interés de su partido en llevar al Código Penal los casos de cohecho en los que puedan incurrir los cargos electos.

Exquisito cuidado

El portavoz de la comisión de Justicia de Minoría Catalana, Josep Maria Trias de Bes, también se mostró partidario de la adopción de medidas en este sentido, aunque con un exquisito cuidado para no coaccionar la labor de representación de los cargos públicos. Por último, el portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, afirma su convencimiento de que junto a los funcionarios hay que incluir a los cargos representativos que cometan cohecho.

Manuel Fraga declaró ayer en Zaragoza que las investigaciones abiertas por su partido sobre presuntos sobornos e intentos de comprar a diputados "se llevarán hasta el final", informa Javier Ortega. "Que yo sepa", dijo Fraga, sólo el Partido Popular ha ordenado una investigación interna. Nosotros hemos propuesto un pacto entre todos los partidos para que no se acoja a los tránsfugas; modificar la ley electoral, y que se impongan sanciones penales a los que intenten el soborno. Nosotros estamos tranquilos, el resto, allá ellos".

[Por otra parte, Eugenio Ríos y Francisco Agüera, los dos concejales de Fuengirola que denunciaron haber sido objeto de sendos intentos de soborno para abandonar el Ayuntamiento de esta localidad malagueña, se ratificaron ayer en sus denuncias ante el juzgado de instrucción, informa Efe.]