Electoralismo o progresividad

En el orden del día de la comisión de subsecretarios de hoy no figura la discusión del proyecto de real decreto-ley por el que se regulan los impuestos sobre la renta y el patrimonio para 1988 y 1989. Según fuentes de Economía, el debate se trasladará al Consejo de Ministros, que en su reunión del próximo viernes tomará decisiones políticas sobre las diferentes opciones planteadas entre los subsecretarios la pasada semana.

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, defenderá el borrador elaborado por su departamento pues, según sus palabras, los criterios allí expresados son los que mejor se adaptan a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 20 de febrero.

Esta discusión se plantea en términos aparentemente muy técnicos pero que esconden distintos intereses políticos. Para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional se plantean dos sistemas. El splitting (división, en inglés) -que permite dividir las rentas de la familia por dos para calcular el tipo de tributación- y la fórmula progresiva pura que consiste en aumentar las deducciones fijas a la familia, con efectos similares a los aumentos lineales de los convenios.

Parecen dos sistemas con objetivos similares. El spliting beneficia a la mayoría de familias y la fórmula progresiva favorece a las rentas más bajas.

La sentencia del Constitucional dice que los cónyuges tienen derecho a declarar por separado. Es decir, que por el hecho de casarse nadie tiene que pagar más. Por tanto, la aplicación estricta de la sentencia beneficia sobre todo a los matrimonios que tienen dos fuentes de renta. Pero esta facultad de declarar por separado supone también reducir la progresividad del impuesto.

La aplicación estricta de la sentencia costaría unos 50.000 o 60.000 millones de pesetas y sus beneficiarios serían el millón de familias con dos fuentes de ingresos.

Para neutralizar la reducción de la progresividad que implica la sentencia del Constitucional, además de repartir los 50.000 millones, Borrell aumenta las deducciones a los matrimonios de 22.000 a 35.000 pesetas. En total la fórmula de Borrell cuesta unos 194.000 millones de pesetas.

Pero los subsecretarios próximos a Alfonso Guerra han rechazado el proyecto porque los mayores beneficiarios son sólo un millón de familias. Por ello plantean el spliting que favorece a las familias que sólo tienen una fuente de renta y que en España son cinco millones. Es decir, el debate real se sitúa entre el electoralismo de favorecer a cinco millones de personas o el progresismo de subvencionar las familias de renta baja.

Pero hay más problemas. Si se aplica el spliting, que cuesta 650.000 millones de pesetas, Hacienda tendrá que aumentar la tarifa del IRPF o del IVA, reducir servicios o generar déficit. Para Borrel, en cualquier caso, no hay duda de que, aún en el caso de que el Gobierno estuviera dispuesto a repartir 650.000 millones, el spliting tampoco sería la fórmula más progresista, puesto que es mucho más social aumentar la deducción fija a las familias, y esto último supondría la exención de las más pobres y una reducción sustancial de las rentas bajas.