El diputado Olmos entrega en el juzgado la cinta original, que recoge el supuesto intento de soborno

El diputado autonómico madrileño de Izquierda Unida (IU) Miguel Angel Olmos ratificó ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, Felisa Atienza, sus denuncias contra el empresario Gustavo Durán, al que acusa de intentar sobornarle. Olmos, acompañado de sus abogados, entregó a la juez la cinta original en que grabó su supuesta conversación con Durán, además de una copia en la que se ha mejorado el sonido original y una tarjeta del empresario en la que éste escribió diversos números de teléfono.

Olmos manifestó a la juez que Gustavo Durán intentó sobornarle con 100 millones de pesetas para que apoyase la prevista moción del Partido Popular y del Centro Democrático y Social contra el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el socialista Joaquín Leguina.El diputado en la Asamblea de Madrid declaró ayer a la Prensa, una vez finalizada su declaración judicial: "No entro a valorar si es verdad o mentira, me imagino que tendrá que ser el tribunal el que tenga que decirlo". Preguntado si en el supuesto intento de soborno Durán actuó por cuenta propia" Miguel Ángel Olmos señaló: "Está claro que él solito no está. Una persona sola no creo que se lance a una vorágine de este calibre". "Me imagino que alguien está apoyando su propuesta", añadió.

El político de Izquierda Unida agregó que en su conversación con Durán éste se refirió al presidente nacional del Partido Popular, Manuel Fraga, y afirmó que "iba a negociar directamente con Fraga".

Olmos negó la afirmación de Durán de que la entrevista entre ambos se celebró a petición del político de Izquierda Unida. El diputado aseguró ayer que si se hubiese desarrollado como afirma el empresario, no le habría pedido una tarjeta con sus teléfonos. Una de las pruebas entregadas ayer a la juez es precisamente dicha tarjeta, donde aparecen escritos a mano los teléfonos de Durán de su domicilio y el instalado en su vehículo.

Laguna legal

La letrada Cristina Almeida admitió que la juez puede considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, ya que "están tipificados de forma muy vaga". No obstante, manifestó su convencimiento de que "hay una actividad delictiva, que además me parece muy poco penalizada".

La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, coincidió ayer con esta apreciación. Conde manifestó, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que los intentos de soborno "son condenables social y políticamente y por tanto también deben serlo legalmente". Pese a ello, agregó, "no nos corresponde a nosotros en este momento subsanarlo". Conde. se refería a la laguna en el Código Penal a este respecto, y seguramente quiso expresar que es el Parlamento el órgano encargado de legislar. Conde señaló que el Gobierno no tiene "nada previsto" en este momento para reformar la legislación penal enviando a las Cortes una propuesta para establecer una norma que castigue expresamente los ofrecimientos de dinero a políticos para condicionar su voto.

Conde comentó que la aparición de intentos de soborno es mala para la política y la democracia. Pero de los hechos denunciados no debe inferirse jamás que toda la clase política tiene un comportamiento similar. Hay que separar los asuntos de sobornos de la actividad política en general".

"En todo caso", agregó la portavoz, "creo que no debemos rasgarnos las vestiduras, porque este tipo de acontecimientos suceden en todos los países de nuestro entorno y, de alguna manera, lo que estos días está pasando en España demuestra una valentía al afrontar estas cuestiones, y un rasgo innegable de la cultura política de los españoles, que es la madurez".

La portavoz añadió una admonición: "A nosotros, como políticos y a ustedes como informadores nos corresponde la tarea de no afrontar con frivolidad estas cuestiones. Todos debemos ser muy serios cuando hagamos el tratamiento informativo o una reflexión política sobre estos temas y dejarlos en los términos en los que se plantean, y no más, por que sólo así podremos tener una sociedad madura y democrática como la que tenemos".

Mientras, el secretario general del CDS y cabeza de la candidatura europea de este partido, José Ramón Caso, reconoció ayer en una conferencia de prensa en Palma de Mallorca que mantuvo una conversación con Juan Figueroa, dirigente del Partido Regionalista Independiente Madrileño (PRIM). Caso afirmó que la conversación se ciñó estrictamente a asegurar a Figueroa que el CDS garantizaría los acuerdos políticos que hubiese alcanzado con el PP sobre la censura en la Comunidad de Madrid, informa Europa Press. Figueroa se entrevistó el pasado día 12 con el empresario Gustavo Durán en la que éste supuestamente intentó sobornar a su interlocutor en nombre del PP (ver EL PAÍS del jueves).

Caso insistió que su conversación con Figueroa se centró en los contactos que éste último había mantenido con el PP y que la reunión del empresario con el dirigente regionalista fue posterior.

Los treinta diputados del PP en la Asamblea de Madrid presentaron ayer en el juzgado de guardia la querella que habían anunciado contra el presidente del Gobierno regional, Joaquín Leguina, al que acusan de injurias y calumnias.

[Por su parte, el alcalde de Jerez y cabeza de la candidatura europea del Partido Andalucista, Pedro Pacheco, afirmó ayer que "detrás del turbio asunto de la compraventa de diputados y concejales en Madrid está la larga mano de Alfonso Guerra, informa Efe].