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Altos cargos de la Xunta y del Parlamento gallegos, denunciados por presunto soborno

Luis Bustamante García, ex dirigente de la UGT en Galicia, ha acusado a dirigentes del PSOE y del Partido Nacionalista Galego (PNG) con responsabilidades en el actual aparato de la Xunta de favorecer la promulgación de reglamentos y resoluciones administrativas sobre el juego a cambio de percepciones económicas. Dirigentes de ambos partidos desmienten las acusaciones y consideran que las denuncias de Bustamante son un montaje político ante un próximo período electoral.

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La denuncia de Luis Bustamante se ha formalizado mediante la entrega a un notario de Santiago de Compostela de documentación presuntamente probatoria de la corrupción política. Según ha sabido EL PAÍS, esta documentación consistiría fundamentalmente en tres casetes conteniendo parte de las conversaciones mantenidas entre hombres del PSOE gallego y del PNG durante las reuniones de trabajo que fijaban con intermediarios de los bingueros.Bustamante ha entregado dos copias al notario, con el fin de que se hagan llegar a la Mesa del Parlamento gallego y al diputado Fernando Martínez Gandulce, del Partido Socialista Galego-Esquerda Galega.

El ex dirigente de UGT ha justificado que la entrega de las pruebas haya sido presentada ante notario, y no en el juzgado, para no "criminalizar la vida política". Bustamante cree que "la primera instancia para un tema de corrupción política es el Parlamento. Por la propia dignidad de las instituciones, deben ser éstas las que controlen los actos de sus, representantes".

Los parlamentarios denunciados son Antonio Olives Quintas, número dos del PNG y su portavoz en el Parlamento, y el diputado socialista Fernando Martínez González, quien es también asesor ejecutivo de la presidencia de la Xunta. Olives y Bustamante -afirma el propio Bustamante- llegaron a determinados acuerdos para forzar a que la Xunta legislara a favor de empresarios del sector. Los pactos establecían la entrega de dinero por parte de empresarios del bingo, una vez que los acuerdos aparecieran en el boletín oficial de la Xunta.

Luis Bustamante reconoce que actuaba como intermediario entre los bingueros y Olives Quintas. El PNG tiene la responsabilidad del juego en Galicia, competencias que corresponden a la Consejería de Presidencia y Administración Pública, a cuyo frente figura el líder del PNG, Pablo González Mariñas. Fernando Martínez González se habría limitado a dar cobertura a los pactos alcanzados por Bustamante y Olives.

La última operación rematada por este grupo fue ayudar a la salida del decreto de 28 de febrero pasado mediante el cual, previa modificación de varios artículos del reglamento, se aprobó el llamado bingo acumulativo del 3%. Gracias a esta simple manipulación, consistente en elevar la retención del valor facial del cartón de juego en un punto (del 2% al 3%), han aumentado significativamente los premios en el juego. Una medida ansiada por el sector, que veía disminuir sus beneficios debido a la feroz competencia creada por otros juegos.

Antonio Olives Quintas, a requerimiento de EL PAÍS, manifestó desconocer que se hubiera producido ninguna acusación contra él y negó cualquier relación con los hechos. Por su parte, el diputado socialista Fernando Martínez no pudo ser localizado en la tarde del día de ayer.

Fernando Martínez, según Bustamante, mostró una clara oposición a la medida del 3%. Hasta el extremo de que sólo transigió cuando Bustamante y Olives le manifestaron que el tema de la rápida aprobación del acumulativo era una cuestión vital para el PNG. Aunque la legislación vigente prohíbe hacer publicidad de los juegos legales, casi un año antes de la aprobación del decreto del 3%, en varias ciudades gallegas estaban plantadas vallas de promoción del nuevo acumulativo.

Tanto Fernando Martínez como Olives son políticos muy conocidos en la comunidad autónoma por sus posiciones progresistas. Antonio Olives figura como cabeza de lista por el PNG en la candidatura de la coalición Europa de los Pueblos al Parlamento Europeo.

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