Los abogados de los afectados se centrarán en la 'batalla' contra los responsables políticos

Los abogados de los afectados por el, aceite de colza centrarán a partir de ahora la batalla contra los responsables políticos de¡ síndrome tóxico. La sentencia contra los industriales aceiteros hecha pública el sábado no alcanza a los altos cargos administrativos relacionados con el síndrome, debido a que el Tribunal Supremo aceptó que se desgajara en dos causas diferentes. Respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional, expertos jurídicos consultados por este periódico han criticado, con diversos matices, la jurisprudencia en la que se ha tenido que basar el tribunal que anteayer dictó sentencia.

Pese a la profunda división existente entre el colectivo de afectados por el síndrome tóxico, todos los letrados han mostrado su predisposición a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia, en virtud de la cual sólo dos de los 38 aceiteros acusados han ingresado en prisión. No obstante, estos abogados se muestran escépticos ante las posibilidades de variación de la sentencia mediante un recurso ante el Supremo.Diversos abogados consultados consideran que ahora hay que centrar el esfuerzo en el sumario de los responsables políticos. Francisca Sauquillo, además de señalar que recurrirá la sentencia, considera que "ahora hay que centrarse en el sumario de la Administración". Respecto a la sentencia y sin haberla leido aún, Sauquillo destacó la "incongruencia e incoherencia" entre los hechos probados y la levedad de las penas.

Otro de los abogados, Fernando Salas, en una valoración mucho más crítica, señaló ayer que "este juicio ha sido una farsa, desde el momento en que se desgajó el sumario de los responsables políticos". "Este juicio ha estado muy mal planteado", añadió para precisar que él recurrió la decisión del Supremo mediante la cual se dividía en dos el sumario. En cuanto a la responsabilidad política, Salas señaló que "no sólo se trata de la Administración central de la extinta UCD, sino también de la local, donde gobernaba y gobierna el PSOE". Para Salas éste es un punto esencial, que ha debilitado la actuación conjunta de las acusaciones.

Por el contrario, entre los defensores de los aceiteros reinaba ayer un optimismo moderado. Uno de estos letrados calificó al tribunal de "muy valiente" por la sentencia dictada, a la que definió de "muy objetiva". Este letrado precisó que la posibilidad de que prosperen recursos era "limitada".

El dolo

La sentencia ha generado diversos comentarios entre juristas consultados, aunque la mayoría han mostrado sus críticas ante la actual jurisprudencia. Así, Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá, mostró su desacuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo según la cual tiene que haber dolo eventual en el delito contra la salud pública para la aplicación de penas más severas.

El presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, Juan Alberto Belloch, dijo que "hay que concretar si medió o no un fraude alimentario doloso con resultado de muertes culposas. Si hubiera mediado eso, yo no compartiría la tesis de la imprudencia temeraria".

Belloch, destacado miembro de Jueces para la Democaracia precisó que hasta conocer en detalle el texto judicial no podía "despachar en unas frases una labor de gran envergadura como esta sentencia".

Por su parte, Miguel Bajo Fernández, catedrático de Dere cho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, quien calificó la sentencia de "prudente", señaló que el tribunal ha apreciado que hubo dolo en la manipulación de alimentos, pero no en las muertes y lesiones.

Manuel Cobo del Rosal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, manifestó a Efe que la sentencia hubiera sido distinta "si la sala hubiese apreciado la existencia de una figura intermedia entre el dolo directo, que en este caso no lo hay, y la imprudencia temeraria, como sería el dolo eventual" Para Cobo del Rosal las penas impuestas hubieran sido más ele vadas si se hubiera aceptado el dolo eventual.