Ley y orden

CON LA lentitud que parece ser el sello de su mandato hasta el momento, el presidente Bush se ha decidido por fin esta semana a hacer público un paquete de medidas para combatir el crimen en EE UU. Se va a gastar 1.000 millones de dólares en construir más cárceles, va a contratar a más agentes para combatir al cnimen organizado y al narcotráfico y se dispone a pedir que se extienda la aplicación de la pena de muerte a nuevos supuestos. El plan supone dar una de cal y otra de arena. Y no porque la actitud de Washington frente al crimen sea tibia, sino porque a las indecisiones de un presidente conservador se añaden dos curiosas normas de comportamiento social.Existe en el país una corriente moral -nacida de un rígido luteranismo- que es espina dorsal de su sociedad. En torno a ella funciona un código de conducta que tiene un alto componente de hipocresía. Este elemento justificó en su tiempo la ley seca, que, pretendiendo dejar al país sin alcohol, alimentó el desarrollo del crimen organizado. Esta misma concepción determina hoy la lucha contra el narcotráfico, una batalla que se pierde a diario, a pesar del despilfarro de cuantiosos fondos, cuando una mayor flexibilidad oficial debería destinarlos a campañas más útiles contra el verdadero mal: el consumo.

Hay, por otra parte, un genuino espíritu de frontera que justifica la costumbre -protegida constitucionalmente- de ir armado frente a un medio supuestamente hostil. "Las pistolas no matan, lo hacen quienes las disparan" es un sofisma profundamente enraizado en la mentalidad estadounidense, y la Asociación Nacional del Rifle es uno de los lobbies más poderosos del país. El propio Bush pertenece a él. Por ello no sorprende que, en medio de un endurecimiento indiscriminado de la lucha contra todo tipo de crimen, el trato que se da al manejo de las armas resulte absolutamente irrisorio y la multiplicación de la lucha contra el narcotráfico no augure otra cosa que la multiplicación de la ineficacia.