'Coca, SA'

ENVIADO ESPECIALUn ligero aroma a clorofila, entre dulzón y farmacéutico, emana de un extenso lecho de hojas verdes puestas a secar bajo el sofocante calor subtropical. Un grupo de quechuas de mirada huidiza mastica lentamente un amasijo de esas mismas hojas salidas de los arbustos que crecen hasta donde abarca la vista.

Es el corazón del Chaparé, la principal zona de plantación de coca de Bolivia y una de las mayores fuentes mundiales de abastecimiento para la elaboración de la cocaína. Para los campesinos, su cultivo se ha convertido en una cuestión de supervivencia. Pero la supervivencia de Bolivia pasa por su erradicación.

"Mientras haya compradores, seguiré produciendo coca. No conozco otro producto más rentable", asegura un campesino de Chimoré, un pequeño poblado sin agua ni luz eléctrica a unos 300 kilómetros al este de La Paz, en el centro del Chaparé. A su alrededor crecen miles de pequeños arbustos de coca, nutridos por la intensa humedad que se respira en la zona todo el año. La coca es un cultivo ideal en esta pobre e inaccesible región: casi no conoce plagas, se cosecha cuatro veces al año, tiene mejor precio que cualquier otro producto alternativo y ni siquiera hay que llevarla al mercado.

El Chaparé produce el 80% de las 147.000 toneladas de hoja de coca que generan los suelos bolivianos, y casi toda su producción va a alimentar los cientos de laboratorios clandestinos situados en las zonas más inaccesibles del oriente boliviano. De allí, convertido en pasta base o en blanca cocaína, inicia su tortuoso viaje hacia los mercados de Europa y Estados Unidos. Bolivia se ha convertido en los últimos cinco años en el segundo proveedor mundial de hoja de coca después de Perú, y su venta al exterior representa entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, una cifra al menos ocho veces superior al total de las exportaciones legales del país más pobre de Suramérica.

Cultivo masivo

Los campesinos del Chaparé, atraídos por los altos precios de la hoja de coca en 1983 y 1984 (llegó a 800 dólares la carga de 48 kilos; ahora está a un décimo de ese valor), enfrentados a una sequía destructora e impulsados por los narcotraficantes colombianos, que buscaban ampliar sus fuentes, se lanzaron en masa a cultivar coca, pasando de 61.000 hectáreas en 1984 a 141.000 en el año siguiente, según el Gobierno.En los años posteriores, pese a los programas de control, represión y sustitución aplicados por el Gobierno con la ayuda activa de agentes de Estados Unidos, miles de mineros despedidos de las minas de estaño y campesinos venidos de otras zonas deprimidas de Bolivia se incorporaron a la producción e incluso a la elaboración de la coca.

La guardia policial, los famosos leopardos, ha establecido tres controles sucesivos en la carretera del Chaparé, para impedir que entren las denominadas sustancias precursoras (cal, queroseno, ácidos) que se utilizan en la elaboración de la cocaína. Los campesinos denuncian que el sistema sólo sirve para engrosar las arcas de los policías mediante el volteo, una práctica que hasta los funcionarios del Gobierno destacados en la zona reconocen. El volteo es la reventa de la droga o precursores incautados en los operativos, y es sólo una de las tres más conocidas formas de corrupción aquí. Las otras son el lavado, por el que se cambia la identidad de las personas o se hacen desaparecer las evidencias, y la cobertura, o protección oficial a los grandes traficantes.

La corrupción ha llegado hasta altos niveles del poder y la política en Bolivia. Los implicados en el caso Huanchaca -donde tres científicos perdieron la vida en septiembre de 1988 al descubrir accidentalmente una fábrica de cocaína en la selva boliviana- han sido liberados por los jueces en un fallo que escandalizó a este país, habituado a cosas parecidas. El año pasado, un diputado del partido gobernante llegó a pedir que se abrieran procesos nada menos que a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por la "corrupción generalizada" de ese cuerpo.

Las vinculaciones de los narcotraficantes con altos dirigentes políticos son obvias para cada boliviano. A mediados del año pasado, el Parlamento abrió una investigación sobre este tema -obligado por la filtración de unas grabaciones de vídeo que mostraban al capo Roberto Suárez Gómez, actualmente detenido, con varios conocidos políticos, empresarios y generales bolivianos-, pero un par de meses después los parlamentarios acordaron cerrarla debido a que se trataba, según dijeron en un comunicado, de una conspiración contra la clase política de este país con el objetivo de "desestabilizar la democracia".

Sustitución

Nadie en el Chaparé acepta tener tratos con los narcotraficantes. "Nosotros producimos y vendemos, nada más. Somos agricultores, no traficantes", repiten uno a uno los campesinos de la zona. Habla un dirigente de la Federación de Trabajadores del Trópico de Cochabamba, que reúne a 30.000 de los casi 70.000 productores de hoja de coca de la región: "Estamos de acuerdo con el plan del Gobierno de sustitución voluntaria de la producción de hoja de coca. Pero pedimos que a cambio de cada arbusto cortado nos entreguen otro de igual rendimiento económico". ¿Y cree que existe otro producto igual? "En verdad, no".

El Gobierno, pese -a todo, es consciente de las dificultades que plantearía una erradicación forzosa de las plantaciones de coca, y se ha resistido a las presiones de Estados Unidos con el denominado Plan Integral de Desarrollo y Sustitución. "Existe coincidencia total de parte de todos los grupos políticos para no introducir la violencia en el campo boliviano mediante la erradicación forzosa, y por eso hemos decidido realizar un proceso de sustitución gradual de cultivos", dice el ministro de Agricultura, José Guillermo Justiniano. "Esta vía no violenta, más lenta y quizá más cara, es la única que garantiza que Bolivia siga siendo un país pacífico y democrático", asegura.