"Primavera caliente" en Obras Públicas

Durante los próximos meses será, sin duda, el ministro de moda. Sus comparecencias en las Cortes durante la tramitación parlamentaria de algunos proyectos de su departamento y la comparecencia de otros en distintos niveles jurídicos mantendrán a Javier Sáenz Cosculluela, responsable de Obras Públicas, en el candelero durante bastante tiempo. Con caballos de batalla como la financiación de la vivienda, la ley de Aguas, la de Costas o la del Suelo, tendrá que pelear en varios frentes: patronales, autonómicos, oposición

Pregunta. A juzgar por las lanzas que parecen estar afilando en distintos sectores, todo parece indicar que no se van a aburrir durante los próximos meses en su departamento.Respuesta. Hay que tener en cuenta que éste es un ministerio muy apasionante, porque sus actuaciones afectan a multitud de facetas que entroncan con las expectativas de calidad de vida de los ciudadanos y con una buena ordenación territorial. Además, se trata de aspectos que son muy importantes para la Administración, como los puertos, costas, vivienda, suelo, carreteras..., y lo hacemos con un aparato administrativo muy escaso.

P. El Plan de Carreteras está recibiendo últimamente otra oleada de críticas.

R. El programa de carreteras va bastante bien, aunque ahora entramos en una fase crítica de gestión, porque vamos a tener un gran volumen de obra viva a la vez. Vamos a alcanzar una licitación impresionante de aquí al verano, de tal forma que en otoño estará licitado absolutamente todo el paquete de autovías y grandes actuaciones urbanas.

Con esto estaremos ya en condiciones de empezar a redactar los proyectos del segundo plan de carreteras, es decir, a preparar una cartera de proyectos sin solución de continuidad, que ha sido el gran problema que hemos tenido con el primer plan de carreteras, que cuando se aprobó no había proyectos para los 20.000 kilómetros de obras.

P. ¿Está ya redactado el Reglamento de Carreteras?

R. Está redactado en fase de anteproyecto y confío en que en un período de 30 días habremos cerrado contactos con la Federación Española de Municipios, con las asociaciones de consumidores, con los titulares de puestos de venta de gasolina y con los representantes de aquellos ayuntamientos particularmente afectados por la construcción de variantes y de autovías. Con este reglamento resolveremos tres trascendentales cuestiones: la defensa de la carretera a través de la servidumbre, porque uno de los graves problemas de inversión y de gestión que hemos tenido ha sido el grado de afectación que tenía la carretera española como consecuencia de ocupaciones de sus bordes por actividades de todo tipo.

El segundo gran problema es el de las áreas de servicio y las actividades de poblaciones que tradicionalmente se dedicaban a servir al usuario de la carretera, y que vamos a defender con uñas y dientes; esas poblaciones no deben perder su fundamental actividad económica.

El tercer capítulo importante es resolver el suministro de los automovilistas en la carretera, para evitar que se pierda el control de los accesos, pero a la vez asegurar que todo el que necesite gasolina la va a tener.

Autopistas de peaje

P. ¿Sigue adelante el proyecto de incorporar la iniciativa privada a la construcción de autopistas de peaje?R. Sigue adelante como hipótesis de trabajo, que resolveremos cuando se terminen todos los estudios de los corredores. En principio, yo no me opongo a que haya autopistas de peaje, pero siempre que estas opciones sean subsiguientes a la determinación o a la consolidación de una autovía. Para que no se produzca la absurda situación de que el ciudadano tenga que optar entre pagar el peaje o ir por una carretera insuficiente. Por tanto, donde ya se ha determinado construir las autovías no hay inconveniente para permitir el acceso del ahorro privado al equipamiento en infraestructuras.

Eso sí, lo que se haga será sin seguro de cambio. Hemos pagado más de 350.000 millones de pesetas de seguro de cambio durante los últimos 10 años. En 1985 pagamos 85.000 millones de pesetas por este capítulo, cifra superior a los 60.000 millones que había en la Dirección General de Presupuestos para todas las carreteras del Estado.P. La vigencia del reglamento de costas, ¿les habría librado de algún enfrentamiento reciente con otro departamento ministerial o les creará nuevos conflictos comunitarios?

R. El proyecto de reglamento de costas está en el Consejo de Estado desde hace algún tiempo, por lo que dispondremos de él antes de las vacaciones de verano. Una vez que el Consejo de Estado emita su dictamen será sometido a negociación con las comunidades autónomas, a pesar de que está redactado ateniéndonos a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre vivienda, aguas y otros recursos.

P. Las aguas también vuelven a estar revueltas...

R. Están revueltas a pesar de que hay poca agua. España es un país con unos recursos suficientes, pero muy mal distribuidos. Y además se ha hecho muy poca inversión para mejorar la calidad de las aguas, que, por cierto, es una competencia autonómica; nosotros no podemos invertir en depuradoras.

P. También tienen que vérselas con el Ministerio de Justicia por la ley de Propiedad Horizontal.

R. Hay una comisión interministerial, de la que formamos parte, porque nosotros hicimos un proyecto de ley de propiedad horizontal y multipropiedad, pero como ése es un tema que es competencia del Ministerio de Justicia, acordamos crear un equipo de trabajo que nos permitiera disponer de una iniciativa compartida.

P. ¿Qué va a ocurrir con los arrendamientos urbanos una vez finalizado el informe que están elaborando?

R. El informe sobre arrendamientos no creo que lo tengamos listo antes de finales de año, y a partir de ahí empezaremos a redactar el proyecto de ley. Estamos dedicando mucho dinero a eso porque, aunque parezca fácil, es una información que afecta quizá a dos millones y medio de familias, y obtener una información fiable de la situación en la que están esos arrendamientos no se logra con comodidad; de todas formas, una ley de arrendamientos urbanos pasa por que el legislador conozca con precisión qué efectos produce con cada uno de sus preceptos.