Pedrol minimiza la escisión de los abogados críticos, que cuestionan la legitimidad de su reelección

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Ríus, restó importancia a la escisión del sector crítico, en la clausura del V Congreso de la Abogacía, al que no asistió, en contra de lo previsto, el presidente del Gobierno autónomode Baleares, Gariel Canellas. Éste habia insinuado que se ausentaria debido al ambiente de los últimos días para evitar que su presencia pudiera interpretarse como un apoyo a uno de los sectores

Pedrol hizo un balance positivo, aunque sin triunfalismos, del V Congreso de la Abogacía, clausurado ayer en Palma de Mallorca, y destacó insistentemente "la elocuencia de los números", en clara referencia a que el sector oficial era mayoritario -en una proporción de tres a uno- respecto de los críticos, que habían abandonado el congreso. El presidente de los abogados aparentó tranquilidad al rechazar tajantemente que el sector crítico constituya el 25% de la abogacía. Puntualizó que la totalidad de los abogados asistentes al congreso no llegaban ni a la tercera parte de los letrados que a él le habían elegido democráticamente. Por ello dijo sentirse seguro de que su legitimación. al frente de los abogados no estaba cuestionada. "Si la votación hubiera sido menos contundente, hubiera planteado ante el congreso una cuestión de confianza".

Satisfacción

La única intervención del acto de clausura fue la de Pedrol, que, ante los 700 congresistas asistentes, dijo que estaba satisfecho por el trabajo realizado, ya que las ponencias se habían aprobado por una mayoría del 90% de los 813 abogados que votaron. Precisó que el sistema de las votaciones -origen de la escisión de los críticos, puesto que les impedía introducir enmiendas- figuraba en el reglamento que fue aprobado en la sesión inaugural del congreso por 928 votos a favor y 308 contrarios y recordó en numerosas ocasiones que la abogacía ha sido desde su existencia un modelo de vida democrática. Pedrol descartó que los críticos tuvieran mala fe, aunque sí una intención deliberada antes del inicio del congreso de buscar el conflicto. La prueba de ello, según dijo, es que ya traían confeccionado otro logotipo (el logotipo oficial del congreso es una evocación mironiana de la taula, monumento prehistórico de la isla, enmarcada en un cuadrado; los críticos lucieron desde el primer día la misma imagen, pero enmarcada en un triángulo).Sobre los resultados del congreso, Pedrol elogió algunas de las conclusiones e ironizó sobre el hecho de que una de las conclusiones de la ponencia VI recoge la necesidad de convocar un nuevo congreso para 1991, que coincide con la la exigencia de los críticos de convocar un nuevo congreso para antes de tres años.

Pedrol dijo que se había conseguido lo que buscaban, que es unir lo tradicional, aquellos valores fundamentales que no deben modificar, con una serie de reformas que consigan adaptar la abogacía a los nuevos tiempos. En este sentido aludió a que en una de las conclusiones se sugiere a los poderes públicos que, teniendo en cuenta las exigencias que supone la incorporación de España a la Comunidad Europea, lleve a cabo las modificaciones de los estudios que permitan la homologación de los títulos en los otros países europeos.

Pedrol destacó además la necesidad de establecer pasantías para que los abogados recién salidos de la facultad puedan tener un período de práctica, como ocurre en los demás países europeos, y así evitar que se pueda impedir que los abogados españoles ejerzan su profesión en el resto de Europa.

Ponencias claves

Entre las ponencias presentadas al congreso, la más conflictiva fue la referida a la situación de la Administración de justicia. Sus conclusiones más importantes fueron aprobadas por 613 votos favorables y 61 contrarios. Son las siguientes:- Constatar que la crisis de la Administración de justicia amenaza con hacer inviable el Estado de derecho. Denunciar las irregularidades y escaso rigor de la Administración con los ciudadanos en la aplicación de las normas; reformar las leyes procesales, reduciendo el número de procedimientos en el orden civil y articular medidas alternativas que sustituyan la prisión provisional en determinados casos.

- Los derechos humanos deben ser preservados frente a cualquier agresión.

- Necesidad imperiosa de elevar sensiblemente el presupuesto para la justicia.

- Debe velarse por la motivación de las resoluciones judiciales.

- Introducción del principio acusatorio en el proceso penal. Dar eficaz cumplimiento a la implantación del jurado, que deberá ser puro, y acelerar la creación de la Policía Judicial bajo el control de los jueces.

- La legislación antiterrorista como excepcional sólo debe mantenerse mientras existan las circunstancias que la han hecho necesaria.

- Supresión de la circulación de dinero en la oficina judicial; prestigiar a la Administración de justicia con retribuciones dignas y reconocimiento del derecho a la justicia gratuita para los que tengan ingresos que no superen el doble del salario mínimo.