El congreso de los abogados, al borde del colapso por cuestiones de procedimiento

El congreso de la abogacía, primero que se celebra en la etapa democrática y al que asisten más de 2.000 abogados de toda España, está al borde del colapso, al haberse suspendido la mitad de las comisiones previstas debido a problemas de procedimiento. El sector crítico, de talante progresista, que agrupa aproximadamente a la cuarta parte de los asistentes, ha anunciado su disposición a solicitar la anulación del congreso, por entender que no se han respetado todos los mecanismos de funcionamiento y control democrático que deben presidir toda actividad congresual.

El detonante de la crisis fue la actuación de José María Stampa, presidente de la comisión que estudia la primera ponencia y miembro del sector oficialista, que se opuso a que la votación de las enmiendas se realizara inmediatamente después del debate de cada una. Stampa pretendía que las enmiendas fueran votadas globalmente al final de las sesiones, lo que, según los críticos, daba lugar a que personas que no habían participado en los debates pudieran sumarse a última hora y modificar el sentido de las votaciones.Alrededor de dos centenares de congresistas del sector crítico firmaron un escrito en el que pedían que se iniciaran de nuevo los debates, debido al problema mencionado y a que en alguna comisión se habían debatido documentos distintos de las ponenclas oficiales.

Pérdida de autoridad

Representantes del sector crítico, integrado por la Confederación de Abogados Jóvenes, la Asociación de Juristas Demócratas, la Federación de Mujeres Abogadas, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y los grupos de Derecho y Sociedad, mantuvieron conversaciones con la organización del congreso para reconducir la situación y poder continuar con el desarrollo de sus ponencias.En estas reuniones, al margen del programa oficial, el secretario general del congreso, Luis Angulo, formuló una propuesta de la presidencia, según la cual, las votaciones de las enmiendas se producirían en comisión a la hora fijada en el programa, pero a cambio, por una disposición de la presidencia, pasarían a debate y votación en el pleno todas las enmiendas que por su importancía fueran propuestas por las mesas de las comisiones, independientemente de que hubieran obtenido el 20% de los votos previsto en el reglamento del congreso.

Los críticos se opusieron a esta solución por entender que suponía una nueva vulneración del reglamento y que, de aceptar, perderían autoridad moral las anteriores denuncias de infracciones reglamentarias que ellos habían formulado.

Este sector, en declaraciones de Rafael Senra, miembro de los juristas demócratas, descartó la posibilidad de celebrar un congreso paralelo y afirmó su voluntad de negociar.

Responsabilidades

Sin embargo, Senra anunció que pedírían la anulación del congreso ante el Consejo General de la Abogacía y ante la instancia judicial que corresponda, que podría ser la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.Al cierre de esta edición, las negociaciones proseguían. Las ponencias conflictivas fueron: La abogacía, ante los problemas de la Administración de justicia, donde se debaten el turno deoficio y la asistencia letrada al detenido como puntos principales; Abogacía y sociedad, donde se define la misión social del abogado, sus responsabilidades y deontología, y la normativa colegial y de previsión social.

Las otras ponencias sobre el futuro de los abogados y su integración en Europa, las modalidades de actuación de los letrados y la formación de los abogados avanzaban en sus trabajos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0028, 28 de abril de 1989.