La justicia francesa abre el camino para la extradición de "Santi Potros"

La Comisión francesa de Recursos de Refugiados confirmó anoche la retirada del estatuto de refugiado político al dirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, con lo que queda abierto el camino para su extradición a España. Arróspide perdió la condición de refugiado el pasado mes de octubre, decisión contra la que recurrió su ahogada, Christianne Fandó. Este recurso ha sido ahora denegado, aunque la defensa del etarra señaló ayer que aún tiene la posibilidad de reclamar ante el Consejo de Estado, máximo órgano judicial del país vecino.

La Oficina Francesa para los Refugiados y Apátridas (OFPRA), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, retiró en primera instancia el estatuto de refugiado al dirigente de ETA el pasado 4 de octubre, al estimar que las circunstancias por las que le fue concedido en 1982, y renovado en 1986, ya no existen. Esta decisión de la OFPRA ha sido, según todos los indicios, determinante para la confirmación de la retirada de la condición de refugiado.España ha presentado ante la justicia francesa seis demandas de extradición contra Santi Potros relativas a otros tantos delitos, todas las cuales han recibido un fallo desfavorable al estimar los tribunales franceses que la posesión del estatuto de refugiado político amparaba al dirigente etarra. La jurisdicción del país vecino, acogiéndose a la Convención de Ginebra, impide la extradición de personas que gocen del mencionado estatuto.

Esta jurisdicción permitió que el Consejo de Estado francés anulase, el 1 de abril del año pasado, el decreto que concedía la extradición a España del también presunto miembro de ETA José María Bereziartúa, por disfrutar del estatuto de refugiado.

De esta forma, la retirada de esa condición a Santi Potros puede suponer, en principio, la posibilidad de que prospere una nueva demanda española.

Arróspide, de 40 años, está procesado en ocho sumarios de la Audiencia Nacional, entre ellos el relativo al atentado contra los almacenes Hipercor de Barcelona, el 19 de junio de 1987, que causó la muerte a 21 personas, y los concernientes a los secuestros de los industriales José Lipperheide y Lucio Aguinagalde. El juez central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, procesó el pasado noviembre a Santi Potros y a otros 55 miembros de ETA como presuntos autores de delitos de pertenencia a banda armada y de agrupación para delinquir en el sumario de los papeles de Sokoa.

Santi Potros se encuentra actualmente encarcelado en París después de que fuese detenido el 30 de septiembre de 1987 en la localidad vascofrancesa de Anglet. Arróspide se encuentra acusado en el país vecino de asociación de malhechores y tenencia ilícita de armas y explosivos. Si la justicia francesa le condena por estos delitos, el cabecilla de la organización terrorista debería cumplir esa pena antes de su posible entrega a España.

En la actualidad, unos 19 presuntos miembros de ETA poseen en Francia el estatuto de refugiado político. Entre éstos, además de Bereziartúa, acusado de haber pertenecido al comando Madrid, se encuentra también Eloy Uriarte Díaz de Guereño, señor Robles, que perteneció al aparato económico de la banda armada y era el encargado de recaudar el impuesto revolucionario.

[Por otra parte, el secretano general del PP, Francisco Álvarez Cascos, aseguró ayer en Valladolid que "el papel relevante de Manuel Fraga y Rodolfo Martín Villa en sus diálogos con el Gobierno durante las conversaciones de Argel evitó una situación de indignidad nacional que podría haberse producido el 28 de marzo". Álvarez Cascos explicó que la posición del PP sirvió para cambiar sustancialmente la nota del Ejecutivo español en respuesta al comunicado de ETA, informa Luis Miguel de Dios].