Recurso contra el Ayuntamiento de Leganés por unas obras en un inmueble protegido

El abogado Francisco Alcaína y el promotor Francisco Montero han interpuesto un recurso contra el Ayuntamiento de Leganés ante la Audiencia Territorial de Madrid por una presunta infracción en el edificio conocido como Bodegas Frontelo, uno de los 10 que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de este municipio califica de equipamiento público y a conservar. En la actualidad se realizan obras de rehabilitación en este inmueble y la revalorización del mismo se cifra en 100 millones de pesetas.

El recurso, presentado el pasado día 7, denuncia que las obras "se realizan sin licencia y contraviniendo las prescripciones" del Plan General y la ley del Suelo. Los recurrentes consideran que no es posible la concesión y legalización de la licencia "en un edificio destinado a uso público, toda vez que estas obras aumentarían el valor del inmueble a la hora de llevar a cabo su imperiosa expropiación". En el escrito presentado en la Audiencia se calcula un incremento de valor inmobiliario en torno a los 100 millones de pesetas.Los recurrentes acusan al Ayuntamiento de haber sustituido la labor fiscalizadora de la Administración sobre el planeamiento de la ciudad por un "intencionado dejar hacer". Asimismo, califican de "discriminatoria" la actuación urbanística del Ayuntamiento, "favoreciendo a unos y perjudicando a otros", por lo que presumen que pueda "esconder oscuras veleidades".

Previamente, Alcaína y Montero ejercieron ante el Ayuntamiento, que preside Fernando Abad, una acción pública, que fue desestimada el pasado mes de febrero por un decreto de alcaldía. La resolución municipal indicaba que los actuales propietarios de Bodegas Frontelo presentaron la licencia municipal para rehabilitar el edificio, declarado en ruina en 1984, y que se cumple toda la normativa vigente. El informe municipal señala que no se ha terminado la rehabilitación del edificio, por lo que aún no se le ha dado ningún uso que esté en discordancia con lo preceptuado en el Plan General. El Ayuntamiento rechazó en el citado decreto las acusaciones de trato discriminatorio.

En el recurso presentado ante la Audiencia Territorial se señala como uno de los presuntos responsables de la infracción al concejal de Urbanismo, Isidoro Herrero, a quien se acusa de haberse "prevalido para cometerla de la titularidad de cargo público". Los denunciantes piden la demolición de lo "¡legalmente construido" en las antiguas Bodegas Frontelo. También señalan que en el término municipal de Leganés se vienen sucediendo una serie de irregularidades urbanísticas, como el vertido incontrolado de escombros, la proliferación de construcciones sin licencia y la desatención a los pagos por gastos de urbanización en las juntas de compensación de los sectores de vivienda.

Un recurso más

El concejal de Urbanismo de Leganés, Isidoro Herrero, en declaraciones a este periódico, ha restado importancia al recurso y ha manifestado "estar muy tranquilo". "El recurso es uno de los cientos que en el devenir diario de una corporación cualquier persona puede plantear", concluyó.Herrero ratificó que el Ayuntamiento tiene informes jurídicos y técnicos que demuestran la legalidad de la licencia concedida, y rechazó las acusación de ser uno de los responsables de la infracción, que calificó de "artilugio de la propia demanda". "No entramos a valorar presunciones, sino que demostraremos con pruebas la verdad", precisó.

Por último, el concejal señaló que el caso de Bodegas Frontelo no es el único. "Existe otro edificio de uso público y a conservar en la calle del Sol, que tramitó la licencia y, según el proyecto, se han hecho viviendas (...); en cambio, en las bodegas no hay ninguna actividad en ejercicio".