Maltratos impunes
EL INFORME del Senado sobre la escasa respuesta penal a los malos tratos a mujeres no hace sino constatar lo que ya ha sido denunciado muchas veces en los más diversos foros: que el burocratismo y la lentitud de la justicia, de un lado, y las deficiencias de la ley, de otro, se dan la mano para que las agresiones a la mujer en el seno de la pareja queden en gran medida impunes. La erradicación de la violencia oculta que se produce en el seno del mundo familiar -14.711 denuncias por malos tratos en 1988, que representan el 5% de los casos reales- sólo puede ser el resultado de la conquista efectiva de la igualdad a todos los efectos dentro de la pareja y de la evolución de usos y costumbres en el más amplio marco de la sociedad. Pero mientras ello no ocurra, las autoridades y sus agentes ya podrían ir haciendo algo para paliar el problema. El desinterés y la inhibición con que a veces actúan en la persecución de los malos tratos denunciados son un claro estímulo para que se sigan cometiendo.El informe del Senado constituye, además de una denuncia, un diagnóstico certero sobre las causas que contribuyen a la impunidad penal de actos tan vergonzantes. A la vieja mentalidad social -vigente todavía en muchos jueces- que minimiza, e incluso legitima socialmente, la agresión, la prepotencia o el ejercicio del más rancio autoritarismo contra los miembros más débiles del grupo familiar se unen algunos de los males crónicos del funcionamiento del aparato judicial: poca atención al testimonio directo del denunciante, negligencia en la recogida de pruebas o injustificado retraso en la práctica de las que se realizan y ausencia de adecuada vigilancia en la ejecución de las sentencias. El resultado no puede ser más desolador: denuncias archivadas o paralizadas, abundancia de sentencias absolutorias, condenas leves.
La responsabilidad de los jueces en la superación de la actual situación es fundamental. De ellos depende, por ejemplo, que el delito de lesiones no deje de serlo cuando el maltrato o el daño físico se producen en el marco familiar, o, incluso, que la violación o la agresión sexual lo sean cuando tienen lugar en el seno de la pareja. Pero no sólo son necesarias una mayor sensibilidad sobre la gravedad de este tipo de agresiones y una actuación judicial más diligente en su investigación. También es urgente que desaparezca del Código Pena¡ cualquier atisbo de cobertura legal a la consideración como atenuante del marco familiar en que se producen. Lo menos que se puede exigir es que conductas tan reprobables tengan la misma respuesta penal tanto dentro como fuera del contexto familiar.
