Se exigirá más transparencia en la venta y alquiler de viviendas

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se desarrolla la legislación existente en materia de información y protección de los consumidores, que en este caso afecta a los compradores e inquilinos de viviendas.Entre los aspectos más importantes de esta nueva normativa, con la que se pretende "mejorar la trasparencia del mercado inmobiliario", destaca la obligatoriedad de facilitar un plano de la ubicación de la vivienda, así como declarar la superficie útil, los servicios.de que se compone y la descripción de los materiales utilizados en su construcción.

En las operaciones de venta, las exigencias afectan a las condiciones económicas que se apliquen, como el precio total de la vivienda, las formas de pago, los intereses del importe aplazado y los gastos que éste origine, así como las condiciones de los créditos, la entidad que los proporciona, los vencimientos de los pagos y las garantías de las cantidades pagadas a cuenta. Además será obligatoria la acreditación de los préstamos hipotecarios, formalizados en firme o solamente gestionados.

Por otro lado, la ley del 1 de abril de 1986, por la que se regulan las atribuciones de los arquitectos e ingenieros técnicos, exige al Gobierno en una de sus disposiciones la elaboración de un proyecto de ley de ordenación de la edificación en la que se regulen las actuaciones de los agentes que intervienen en ella.

El proyecto se encuentra en fase preparatoria en el Ministerio de Obras Públicas (MOPU) a cargo de una comisión específica. Ya en sus primeros planteamien tos no sólo contempla este man dato legislativo, sino que configurará "un completo marco jurídi co regulador del proceso edificatario determinando las competencias, atribuciones, derechos y obligaciones de los mismos, así como sus posibles responsabilidades contractuales y extracontractuales que, al propio tiempo, establezca una protección más eficaz de los adquirentes y usuarios frente a los perjuicios de todo tipo ocasionados por una defectuosa construcción y frente a ilícitas actuaciones que le causen perjuicios económicos."

En el MOPU son conscientes de que este planteamiento obligará a modificar determinados preceptos del Código Civil, que no contemplan la actual complejidad del proceso de edificación, así como la amplia variedad de profesionales que intervienen en el mismo y la "necesariarevisión de los plazos para el ejercicio de las correspondientes acciones". Se considerará de manera especial las responsabilidades derivadas de las intervenciones profesionales y de los defectos de ,construcción, así como de las distintas actuaciones "de las que se deriven perjuicios económicos para adquirentes y usuários."