La Caixa retrasa la entrega de su lista de suscriptores de primas únicas hasta que lo decida la Audiencia Nacional
C. M., La larga y compleja batalla jurídica de la Caja de Pensiones (La Caixa) contra Hacienda para no identificar a sus suscriptores de pólizas de seguros con prima única no se resolverá hasta que se pronuncie la Audiencia Nacional. Ayer, el Tribunal Económico-administrativo Central dictó una resolución que obliga a entregar las mencionadas listas a Hacienda. Sin embargo, La Caixa presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, lo que paralizará de momento la entrega de listas hasta que ésta se pronuncie.
Según datos de la entidad de ahorros catalana que dirige Josep Vilarasau, las pólizas de prima única en litigio ascienden a 800.000 millones de pesetas y en la lista de suscriptores están 400.000 personas con una media por póliza de dos millones y medio de pesetas. La entidad es la que mayor negocio ha realizado con este producto ya que representa prácticamente la mitad de los dos billones de pesetas que, según Hacienda, se han invertido en primas únicas. La Caixa ha captado también al mayor número de suscriptores de estas primas, estimados en total en unos 500.000.La defensa de La Caixa está dirigida por los servicios jurídicos de la entidad y por un bufete de Madrid en el que presta sus servicios el abogado Dionisio Martínez Martínez, responsable del procedimiento. El despacho contratado por La Caixa fue fundado por el actual ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez y en él trabajó el ex-secretario de Estado de Hacienda, José Víctor Sevilla.
La resolución del Tribunal Económico Administrativo Central es un episodio más en la larga y compleja batalla jurídica emprendida por La Caixa cuando el 17 de octubre del pasado año recibió un requerimiento para que entregara a Hacienda su lista de suscriptores de pólizas de seguro con príma única correspondientes a los ejercicios 1985, 1986 y 1987.,
Intimidad y secreto
La defensa jurídica de La Caixa, por el momento, ha solicitado que se suspenda la entrega de sus listas hasta que los tribunales se pronuncien sobre el Fondo del asunto, es decir, si hay o no obligación de facilitar esta información. En los distintos recursos, La Caixa ha argumentado que la petición de información no puede realizarse de forma indiscriminada y sin más objetivo que facilitarle la tarea a la Administración en su lucha contra el fraude. La Administración debería, según La Caixa, decir los nombres de las personas sobre las que se solicita información. Según ésto, el derecho a la intimidad no puede vulnerarse por un tercero, en este caso la entidad financiera.
Además, La Caixa considera que hay un vacío legal y que para exigirles información respecto a estas operaciones debería promulgarse un real decreto que lo regule. Hace referencia, además, a que la entidad podría ampararse en un derecho similar al que protege el secreto bancario. Y añade que, por ejemplo, los pagarés del Tesoro están amparados por el privilegio del secreto que debería extenderse.
El recurso que presentará La Caixa ante la Audiencia Nacional, -para lo que tiene un plazo de dos meses a partir de hoy-, se basará en que el TEAC no ha admitido la presentación de pruebas durante el trámite de su solicitud de no entregar las listas hasta que no haya pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.
Fuentes jurídicas consultadas apuntan que los tribunales dependientes de la Administración de Hacienda se están dando una prisa inusitada en resolver estos recursos, dado el volumen de trabajo que tienen acumulado desde hace varios años.
Hasta el momento, han entregado sus listas La Unión y el Fénix y Hércules Hispano y están pendientes los recursos ante la Audiencia Nacional de otras cinco entidades.
