Novás amenazó con pegarse un tiro si le detenían, según uno de sus compañeros

El inspector Manuel Novás amenazó a sus compañeros de ejecutiva del Sindicato Profesional de Policía (SPP) con que si le detenían diría que el dinero que se había llevado lo había repartido con ellos y que se pegaría un tiro para que su muerte fuera un cargo para sus conciencias, según explicó ayer, en el juicio que se celebra contra Novás, Jesús Nieto, presidente de la agrupación madrileña del sindicato.Nieto afirmó que Novás reconoció que se había apoderado de ocho o diez millones de pesetas procedentes de la publicidad de la revista oficial del sindicato, Policía del Estado, no de 14 millones, porque se había construido un chalé y no había podido hacer frente a los pagos.

Según el testigo, cuando detuvo a Novás el 18 de febrero de 1985, éste se hallaba hundido moralmente, porque sabía lo que se le venía encima. Nadie le coaccionó, ni intentó pegarle, puntualizó el policía.

Nieto rechazó que la detención de Novás fuera una operación de acoso y derribo. "No soy un instrumento de maquinación política contra Novás. No hay nada de eso", precisó.

Según Nieto, el presidente del SPP nunca mencionó que su familia le hubiera prestado dinero para pagar el chalé. "Él admitió que se había llevado el dinero", aseguró el testigo.

Darío Fernández, abogado defensor de Novás, solicitó ayer la suspensión del juicio por considerar que existen informes contables contradictorios sobre la marcha financiera de la revista y que es necesario que se investiguen esos extremos. Fernández destacó que en un acta de la junta nacional y el comité ejecutivo del SPP, que estaba firmada por el secretario nacional y fechada el 17 de octubre de 1984, se hacía constar que el déficit y los compromisos adquiridos por la revista habían quedado eliminados. Sin embargo, en febrero del año siguiente, es decir, cuatro meses después, se acusó a Novás de ser culpable de un desfase de 15 millones de pesetas.

El tribunal se opuso a la suspensión, de acuerdo con la postura mantenida por el fiscal y la acusación particular que estimaban que la contradicción contable era sólo aparente.