Paro y déficit público
Si se quiere eliminar el déficit público en los próximos años es necesaria la reducción de la tasa de paro, según el autor, por lo que no se puede abusar de la política monetaria para contener la inflación. De lo contrario se corre el riesgo de deprimir la construcción de viviendas y frenar las exportaciones al elevar excesivamente los tipos de interés, con el consiguiente deterioro del empleo.
En la década de los sesenta se ligaba la senda de crecimiento del PIB potencial a la plena utilización de los recursos productivos. Su cálculo se realizaba sumando el crecimiento medio de la productividad con el promedio del empleo a lo largo del ciclo económico. El fuerte aumento del paro y bajo crecimiento de la productividad de mediados de los setenta se atribuyeron entre otros factores a la disminución del crecimiento potencial de la economía, provocada por el alza del desempleo estructural. A su vez, este paro estructural es la desocupación friccional, generada por la movilidad laboral que existe incluso en situación de pleno empleo.En Estados Unidos, a lo largo del período de expansión de los ochenta, se ha producido una fuerte reducción de la tasa de paro. De hecho, el actual rebrote inflacionista de la economía americana, junto con el alto nivel de utilización de la capacidad productiva, parecen confirmar que en Estados Unidos el desempleo está actualmente a su nivel estructural. De todos modos, es evidente que el paro estructural, en la mayor parte de los países de la OCDE, desborda el nivel de pleno empleo de los años sesenta, y lo que importa a los gobiernos occidentales no es tanto el alcanzar cuanto antes la senda potencial a largo plazo como el evitar que aumentos demasiado rápidos del empleo hagan crecer los salarios reales por encima de la productividad laboral.
Por lo que se refiere a nuestro país, la elevación del paro estructural se asoció con los bajos niveles de crecimiento y la dificultad para reasignar los recursos productivos en momentos de elevada inflación. Por ello se pensó que el mejor modo de reducir el desempleo pasaba por la disminución de la tasa de inflación y el proceso de reconversión industrial. La implantación de esta política ha permitido volver a un crecimiento más rápido, pero sobre todo ha servido para facilitar el proceso de integración española en las Comunidades Europeas, contribuyendo a mejorar el nivel de inversión y la competitividad de las empresas.
A su vez, el concepto de déficit estructural está muy relacionado con el de paro estructural. El saldo presupuestario estructural es el déficit o superávit que se obtendría si la economía estuviera en una situación de pleno empleo. Sin embargo, la senda de crecimiento de pleno empleo no se establece actualmente en base a la tasa de paro, ya que el desplazamiento al alza del desempleo estructural hace difícil la determinación de un nivel estable de referencia, al menos mientras que no se alcance una situación de plena utilización de la capacidad productiva.
En su lugar sé tienen en cuenta la diferencia entre el crecimiento cíclico y el desarrollo potencial de la economía, ya que este diferencial entre el crecimiento a corto y a largo plazo está muy correlacionado con la evolución del déficit público. De hecho, la existencia de una correlación significativa entre la evolución del ciclo económico y los desequilibrios presupuestarios ha permitido explicar adecuadamente el aumento del déficit público en los países occidentales.
Por ello se habla del componente cíclico del déficit público, que para la OCDE es la parte del déficit relacionada con las variaciones cíclicas del PIB alrededor de su tendencia potencial de desarrollo. El déficit estructural o potencial es, pues, el déficit corregido cíclicamente; o sea, el saldo presupuestario que se obtendría si la economía creciese a lo largo de la senda promedio del ciclo económico. En los métodos de cálculo utilizados por la OCDE se calcula este saldo presupuestario de pleno empleo como la diferencia entre el déficit contabilizado y el componente cíclico estimado del mismo.
Cuando el ciclo económico no se desvía excesivamente de su senda potencial de crecimiento, el método de la OCDE sirve para hacer estimaciones bastante ajustadas del déficit estructural, ya que los componentes cíclicos se compensan los unos a los otros en cuestión de pocos años. No ocurre, sin embargo, lo mismo en el caso español, debido a que la fuerte dependencia energética y el inadecuado desarrollo tecnológico hizo que durante 12 años la tasa de crecimiento se mantuviera por debajo de la tasa potencial, estimada en el 3,4% para el período 1964-1988.
Déficit consolidado
El caso de nuestro país y posiblemente también el caso suramericano demuestran que cuando el bajo crecimiento económico aleja progresivamente a las economías de la situación de pleno empleo se genera un tercer componente del déficit público que podemos denominar déficit consolidado, ya que resulta de la agregación de los componentes cíclicos de años anteriores. De hecho, una más adecuada estimación econométrica del déficit español demuestra que este déficit consolidado ha sido, a lo largo de los ochenta, el componente más importante de los desequilibrios presupuestarios. Por tanto, en la determinación del componente estructural del déficit público, hay que tener en cuenta, además del déficit cíclico, el déficit consolidado que resulta de la acumulación de los desequilibrios presupuestarios, producto de desviaciones duraderas del crecimiento cíclico respecto al potencial a largo plazo.
Por otra parte, el déficit estructural también se ve afectado por las reformas fiscales y presupuestarias, como ocurrió, por ejemplo, con la rebaja de tipos impositivos de la reforma fiscal americana. Por ello es probable que las reformas fiscales y laborales realizadas a lo largo de la transición política española hayan contribuido a acrecentar el déficit estructural. Sin embargo, su cuantificación al margen del ciclo económico es muy difícil, al coincidir con las fuertes perturbaciones provocadas por las sucesivas alzas del precio del petróleo y la flotación de la cotización de la peseta, ya que estas perturbaciones redujeron el potencial de desarrollo de la economía, deprimiendo el ciclo económico.
Lo que sacó a nuestro país de su marasmo fue la aprobación a lo largo de 1985 de una serie de medidas encaminadas a facilitar nuestra integración en la Comunidad Europea. Estas medidas, junto con el proceso integrador propiamente dicho, reactivaron la economía y produjeron un desplazamiento permanente tanto en los gastos como en los ingresos públicos, desplazamiento que queda perfectamente reflejado en la ecuación de estimación del déficit público,- de tal modo que a partir de 1986 se pasa de un déficit estructural del -0,4% a un superávit de pleno empleo del 1,1% del PIB. De hecho, la reducción del déficit público en 1986 se debió exclusivamente a ese desplazamiento estructural, ya que el crecimiento cíclico del PIB de ese año se mantuvo todavía ligeramente por debajo de la tasa potencial del 3,4%.
Si a lo largo de los próximos años se mantiene el crecimiento de la economía por encima del 4% es probable que desaparezca el déficit público en la década de los noventa, una vez eliminadas las cuantiosas inversiones en infraestructura que culminarán en 1992. Puesto que el déficit estructural se ha convertido en superávit, el problema fundamental para eliminar el déficit lo constituye el déficit consolidado que resulta del elevado nivel de desempleo de la economía española.
Abuso monetario
En los próximos años, la reducción de la tasa de paro se volverá básica si se quiere eliminar el déficit público y, debido a ello, hay que evitar abusar de la política monetaria en- la contención de la inflación, ya que se corre el peligro de producir una recesión económica que incremente el paro y el déficit consolidado. Una regulación monetaria demasiado restrictiva, al elevar excesivamente los tipos de interés, deprime la construcción de viviendas y, al forzar la apreciación de la peseta, frena también a las exportaciones. Es, pues, evidente que todo ello acabaría perjudicando al empleo y, debido al aumento de los servicios de la deuda pública, también al déficit.
Puesto que el actual rebrote inflacionista está provocado por un exceso de demanda, sería más acertado recurrir a la elevación de los impuestos que gravan la renta de las familias y los beneficios de las empresas, ya que con ello se reduce también el déficit público, al incrementarse el superávit estructural que existiría en situación de pleno empleo. De todos modos, hay que tener en cuenta que las reformas fiscales son siempre lentas, y los aumentos de la presión fiscal, impopulares. Por ello hay que confiar que la política monetaria restrictiva acabe pronto con las tensiones inflacionarias.
es economista.
