Fraude de 50.000 millones de dólares en tráfico de divisas en Venezuela

Un gigantesco escándalo de corrupción en el manejo de 50.000 millones de dólares (unos 5,8 billones de pesetas) está sacudiendo a los partidos políticos venezolanos y cuestionando la sana Administración del ex presidente Jaime Lusinchi, quien se encuentra en una clínica de Miami rebajando peso desde dos días antes de producirse la violencia social del 27 de febrero. Es el caso de corrupción más grande que ha existido en Venezuela.

Se trata del tráfico de divisas preferenciales para las importaciones, donde se encuentran involucradas cuatro empresas extranjeras verificadoras, que han sido acusadas de permitir la sobrefacturación fraudulenta contra el Estado venezolano.Las investigaciones que han iniciado la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, los tribunales y la Contraloría General de la República se centran en las irregularidades administrativas detectadas en el otorgamiento de divisas para las importaciones, que manejaba la oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, conocida con el nombre de Recadi y dependiente del Ministerio de Hacienda.

La oficina de Recadi se creó en 1983 a raíz de la devaluación del bolívar y el establecimiento de un control de cambio durante el último año de gobierno de Luis Herrera Campins. Al comenzar la Administración de Jaime Lusinchi, en 1984, continuó operando Recadi, hasta hace un mes, cuando el nuevo presidente, Carlos Andrés Pérez, la eliminó al implantar la unificación cambiaria.

En los cinco años de gobierno de Lusinchi, la oficina de Recadi manejó un presupuesto de 50.000 millones de dólares para las importaciones. Las investigaciones iniciadas están procesando denuncias sobre comisiones y sobornos de funcionarios públicos, sobrefacturación de precios en las importaciones, creación de empresas importadoras venezolanas fantasmas, privilegios, intermediarios y las más modernas formas de corrupción en el tráfico de divisas.

Los miembros de la comisión investigadora del Parlamento, especialmente el diputado socialista Carlos Tablante, han hecho acusaciones contra el empresario y diputado del partido gobernante, Alberto Finol, quien es muy amigo del ex presidente Lusinchi, de favorecerse presuntamente con los dólares preferenciales en la importación de la leche en polvo. Otro diputado, el socialcristiano Felipe Montilla, también ha dirigido sus ataques contra Blanca Ibáñez, la secretaria privada de Lusinchi, de haber ordenado, aparentemente desde el palacio de Gobierno, diversas aprobaciones de divisas para importadoras particulares.

En medio del escándalo suscitado por las denuncias, el ex presidente Lusinchi ha dicho desde Miami que él respaldaba las investigaciones. El partido gobernante, Acción Democrática, también apoya la averiguación llevándola hasta sus últimas consecuencias, incluso hasta expulsar a los dirigentes de su partido que se encontraran incursos en los delitos de cuello blanco.

Mientras llegan más expedientes de las denuncias al Congreso, que según el diputado Tablante son tan numerosos que habría que cargarlos en un camión, la comisión investigadora ha adelantado su búsqueda en las empresas extranjeras verificadoras.

En el informe preliminar de esa comisión, que ha trascendido a la Prensa, se concluye en forma determinante que "muchas empresas verificadoras permitían la sobrefacturación" en Recadi para las importaciones de empresas privadas.

Compras certificadas

Precisamente para hacer las operaciones más transparentes, el Gobierno de Lusinchi contrató en 1986 a la empresa norteamericana Caleb Brett International, a la francesa Bureau Veritas y a la suiza Societé Générale Surveillance, para que emitieran certificados de verificación de todas las importaciones venezolanas públicas y privadas por el monto de 30.000 millones de dólares.En declaraciones a la Prensa, las sucursales de estas cuatro empresas extranjeras han defendido la limpieza de sus operaciones. Sin embargo, el documento del Congreso afirma que "con la participación de las empresas verificadoras se legalizó la sobrefacturación fraudulenta contra el Estado, venezolano". También dice que esas empresas "emitieron dos tipos de certificados: limpios y sucios, y se convirtieron en grandes puentes, en consecuencia, de evasión de impuestos".