Lucha abierta entre los responsables socialistas de urbanismo en el Ayuntamiento y la Comunidad

Guardan las formas y, si hace falta, el jefe de uno le echa públicamente una mano al otro, pues todos son militantes de la Federación Socialista Madrileña (FSM). Es una guerra cada vez menos soterrada, aunque sus principales protagonistas, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Espelosín, y el consejero de Política Territorial de la Comunidad, Eduardo Mangada, niegan estar enfrentados y dicen llevarse bien cada vez que salta a los periódicos algún nuevo episodio de sus reiterados conflictos: Campo de las Naciones, Valdebernardo, palacio de Lorite, la estación Sur de autobuses o las torres de KIO.

"Quizá Mangada quiera ratificarse en su poder o indicar quién es el que manda", comentaba ayer un responsable municipal. "Lo que ocurre es que Espelosín tiene una postura pragmática y ejecutiva mientras Mangada adopta otra estratégica e ideológica", aseguraba otro alto cargo de la Comunidad. Todos coinciden en que las vibraciones personales no son buenas, pero no creen que sea ésta la causa de los problemas.En el fondo lo que parece estar en juego es la delimitación de las competencias urbanísticas entre Comunidad y Ayuntamiento. "En este aspecto hay una cierta tendencia a considerar a la Comunidad como una diputación provincial, sin competencias sobre la capital", manifestó un funcionario regional. "La Comunidad entra en temas eminentemente locales", opinaba un técnico municipal.

Este conflicto de competencias es especialmente delicado en un momento como el actual, en que se está debatiendo el futuro del Plan de Urbanismo de la capital y cuando la Asamblea pretende establecer nuevas normas contra la especulación inmobiliaria en la región.

Últimos roces

Esta situación hace que los enfrentamientos sean cada vez más frecuentes. Los dos últimos roces entre los gestores del urbanismo madrileño se han producido con una semana de diferencia. El pasado día 30, la Comisión de Gobierno de la Comunidad aprobó una modificación del Plan General por la que se retiraba al palacio de Lorite su carácter de inmueble protegido integralmente, a pesar de ser un edificio singular construido entre 1920 y 1924 en la esquina de las calles del Marqués de Cubas y de Alcalá.

El tema había sido aprobado dos días antes por la Comisión de Urbanismo de Madrid -donde están representandas las consejerías regionales, el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Madrileña de Municipios- con el único voto en contra de Ángel Cano, gerente de Urbanismo municipal. Cano supo de la propuesta de Mangada al leer el orden del día. La respuesta del equipo municipal fue tajante: votar en contra del recurso del Banco de España y oponerse a la desprotección del palacio de Lorite, pedida por el Banco de España para ampliar su sede de la plaza de Cibeles.

Según fuentes socialistas municipales, este enfrentamiento ha puesto sobre la mesa no sólo la defensa de un edificio por sus cualidades artísticas, sino también una "guerra de competencias". La decisión de Mangada, no consultada previamente con los responsables del urbanismo madrileño, afecta a la autonomía municipal, según estas fuentes. Además el consejero de Política Territorial, con su decisión, ha colocado en un papel muy dificil al Ayuntamiento, institución responsable de autorizar o denegar al Banco de España el derribo del palacio. La situación es tan desairada, que el propio alcalde ha llegado a afirmar: "Para demolerlo tendrían que pasar sobre mi cadáver".

La delimitación del ámbito de competencias entre Ayuntamiento y Comunidad en estos momentos es aún más difícil, ya que el equipo de gobierno municipal ha dejado anteriormente el campo libre a Mangada en otras operaciones teóricamente locales. En la cumbre mantenida el pasado mes de septiembre por los principales responsables de la Comunidad y Ayuntamiento, Mangada pidió y obtuvo encargarse de la operación de Valdebernardo y de la negociación con los militares para hacer de la zona de Campamento una miniciudad.

Valdebernardo

Valdebernardo se convirtió hace dos meses en un nuevo foco de enfrentamiento s. Mangada, en lugar de negociar como le pidió el pleno del Ayuntamiento, solicitó la expropiación de los terrenos en que se construirán 5.400 viviendas de protección oficial.

El equipo de gobierno municipal, partidario de la negociación, tuvo que defender la expropiación de Valdebernardo, a petición de Mangada. Los socialistas evitaban reavivar la guerra mantenida en abril de 1988. Entonces Mangada criticó duramente la política urbanística municipal y anunció su apoyo a la oposición en el caso de que se pidiera la modificación del Plan de Urbanismo. El consejero pretendía que se redujera la edificabilidad prevista para las torres de KIO, en la plaza de Castilla. Mangada se proclamó entonces el "único y máximo responsable del urbanismo" y añadió en tono de ironía: "El que vale, vale; y el que no, concejal".

En aquella ocasión el presidente regional, Joaquín Leguina, y el alcalde, Juan Barranco, tuvieron que reunirse para poner paz entre sus correligionarios e incluso hubo alguna reprimenda "No nos ha gustado nada este rifirrafe", dijo Leguina, y añadió que su amigo Espelosín le merecía,"respeto personal y profesional". Barranco le devolvió la cortesía y justificó a Mangada: "A veces se cometen exageraciones y no es fácil mantener la serenidad".

Nueves meses después, Mangada hablaba en un artículo de la necesidad de "controlar de forma real el suelo público a lo largo de todo el proceso de transforma ción en producto edificado, evi tando su traslado, por grandes paquetes, a intermediarios priva dos, invocando una mayor efica cia empresarial o debido a una pereza administrativa". El ar tículo aparecía días antes de que Espelosín propusiera al pleno, sin éxito, la adjudicación del Campo de las Naciones al grupo formado por Conycon, Ferrovial e Hispamer en 23.930 millones de pesetas.

El jueves el conflicto volvió a suscitarse. La Comunidad culpó al Ayuntamiento de forzarla a declarar desierto el concurso de la Estación Sur de autobuses por no contar con el suelo municipal comprometido.