El túnel del tiempo

LA AGRAVACIÓN de las penas impuestas a los fundadores del centro de planificación familiar Los Naranjos, de Sevilla, añade aún más irracionalidad a un hecho ya de por sí disparatado, aunque pueda ser acorde con la letra de la ley: la condena a prisión y a inhabilitación -no poder ejercer su actividad- de cuatro profesionales de la medicina por cinco delitos de aborto cometidos hace ahora nueve años.El tribunal que ha juzgado el caso con tanta parsimonia -lo cual constituye una clara conculcación del derecho del procesado a un juicio en un plazo razonable- ha rectificado su primitivo fallo para aumentar las penas: en lugar de un año de prisión y seis de inhabilitación por el total de los cinco delitos, los jueces entienden que esta pena debe imponerse por cada uno de ellos. Es decir, cinco años de prisión y 30 de inhabilitación. Los condenados pueden todavía librarse de la cárcel, ya que sigue siendo posible la remisión condicional de la pena, pero la rectificación judicial incrementa hasta la desmesura el tiempo en que tienen vetado el ejercicio de su profesión.

Sentencias como ésta no sólo ponen en duda la capacidad o la voluntad de algunos jueces para aplicar las leyes -en los casos en que éstas se han revelado desfasadas respecto de la realidad social, como ocurre con la ley despenalizadora del aborto de 1985- con criterios lo más generosos posible. Dejan al descubierto, sobre todo, la pusilánime actitud de gobernantes y legisladores, que se resisten a dar una solución legal adecuada -como es su obligación- al drama humano del aborto.

En la respuesta del Estado al problema del aborto -en el que está implicada, quiérase o no, una parte importante de la sociedad- no se sabe qué es más digno de reprobación: si la postura beligerante de algunos jueces contra su tímida liberalización o el empecinamiento del Gobierno en aferrarse a una legislación que ya nació insuficiente y con retraso. Mientras esta situación no cambie, sólo habría una forma de hacerla menos insoportable para quienes se encuentran atrapados en ella: que los jueces juzguen los casos de aborto más en consonancia con las circunstancias de la persona que con sus querencias ideológicas y personales, y que el Gobierno eche mano sin tapujos del indulto, como debería hacer, por elementales razones de equidad, en el caso de Los Naranjos.