Una de cada 10 viviendas sociales adjudicadas en Madrid ha sido revendida fraudulentamente

El 10% de las 35.000 viviendas sociales gestionadas o promovidas desde 1984 por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) ha sido transmitido por sus adjudicatarios fraudulentamente, según Miguel Ángel Pascual, director de este organismo. En otros 65.000 pisos, heredados por la Comunidad de Madrid de la Administración central, se ha comprobado la existencia de un 10% de ocupaciones irregulares. Para prevenir la picaresca en la entrega de viviendas sociales, el Ivima prepara una nueva normativa que, junto a la revisión de los baremos de adjudicación, pretende luchar contra la reventa fraudulenta.

Estas disposiciones, anunciadas para el próximo mes de junio persiguen también actualizar los límites económicos fijados en la concesión de pisos sociales para favorecer el acceso a la vivienda de las familias con rentas intermedias (las comprendidas entre 2 y 4 veces el importe del Salario Mínimo Interprofesional).La picaresca y la estafa han hecho mella en un bien tan escaso como la vivienda. Pisos adjudicados a familias con escasos recursos, cargadas de hijos y que malvivían en poblados de chabolas, han cambiado de manos en un mercado negro donde los fajos de billetes remplazan al cheque bancario. El coste real de una vivienda social, con una superficie que oscila entre los 60 y los 90 metros cuadrados, asciende en la actualidad a unos cinco millones de pesetas. En el mercado negro de la reventa de vivienda pública, difícilmente llega a superar la cifra de 1.300.000 pesetas, según las estimaciones de la Administración regional.

El director del Ivima considera que ha llegado la hora de regularizar la ocupación y el uso de las 100.000 viviendas que gestiona la Comunidad. La Administración autonómica pretende adecuar a la realidad el régimen de propiedad de unas viviendas que ya han sido capitalizadas por sus usuarios, pero que todavía deben ser reparadas por su titular teórico, que sigue siendo la Comunidad de Madrid. Para estas edificaciones procedentes de organismos desaparecidos, como el Instituto Nacional de la Vivienda o la Obra Sindical del Hogar, Miguel Ángel Pascual propone "modernizar y rehabilitar ese patrimonio, que en su con junto tiene unos niveles de habitabilidad bajos, antes de cederlo definitivamente a sus actuales ocupantes".

El patrimonio de vivienda social heredado por la Comunidad de Madrid asciende a unas 65.000 viviendas (una de cada diez ha sido objeto de transmisión irregular mediante documento privado). Según los datos del Ivima, en los 10 últimos años un 10% de las 35.000 viviendas construidas en las operaciones de barrios en remodelación han sido revendidas fraudulentamente por sus adjudicatarios.

El Ivima controla la picaresca de los solicitantes de vivienda pública mediante el cruce de los datos reflejados en las relaciones de peticiones con los listados de beneficiarios. Pascual asegura que no volverán a repetirse "actuaciones desafortunadas". En 1984 se marcaron con placas numeradas las chabolas para evitar que surgieran, de la noche a la mañana, otras nuevas al amparo de las expectativas de realojo gratuito a cargo de la Administración.

Miguel Ángel Pascual reconoce que el Ivima se ha visto obligado a confeccionar un "fichero de malos", para controlar a los revendedores de vivienda pública "Sólo con los datos del Ivima y del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginal y sin contar con los registrados en las operaciones de bolsas de deterioro urbano y de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, se ha comprobado que 300 familias intentan que se les adjudique de nuevo una vivienda social de promoción pública.

Los adquirentes de vivienda pública suelen ser "hijos de las familias tradicionales del barrio", asegura Pascual. Éstos son la segunda generación de las primeras familias realojadas en las operaciones públicas contra el chabolismo. Entre el vecindario se percibe, sin embargo, una sensación de alivio al ver partir a las familias más marginales, mientras reciben a los hijos de viejos conocidos del barrio.

Rehacer el entuerto

El deshaucio administrativo para recuperar las viviendas vendidas u ocupadas ilegalemente "no funciona", y las órdenes judiciales de desalojo suelen llegar demasiado tarde, cuando ya se ha transmitido de nuevo la vivienda, lamenta el director del Ivima.Este organismo de la Consejería de Política Territorial ha recibido más de 10.000 peticiones de vivienda desde 1977. Cada año se produce un incremento medio de 3.500 solicitudes.

Miguel Ángel Pascual subraya que en los distritos donde se ha creado más vivienda pública, como en Vallecas, existe una mayor tendencia a la demanda de pisos sociales que en otros, como es el caso de Centro, en el que se observan serias carencias en materia de alojamiento y donde apenas se presentan solicitudes.

El director del Ivima anuncia que antes de que finalice el próximo verano se van a revisar las normas y baremos para la adjudicación de viviendas. De un lado, se pretende acabar con el fraude y la estafa y, de otro, "segmentar las peticiones", en función de los niveles de renta.

Sin embargo, el sector que más sufre el problema de la vivienda en Madrid es el comprendido en unos niveles de renta de 2 y 4 veces el importe del Salario Mínimo Interprofesional. "No pueden tener esperanzas de acceder a una vivienda social y no pueden acudir al mercado privado", concluye Pascual.